Mexicali, BC.

El juzgado cuarto de distrito en materia de amparos y juicios federales en Tijuana admitió el amparo solicitado por indígenas originarios y residentes del estado contra la instalación de plantas desaladoras de agua de mar promovidas por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y aprobadas por el Congreso local el pasado 2 de diciembre.

Estas plantas proyectadas en el municipio de Playas de Rosarito y en el poblado de San Quintín, al sur del puerto de Ensenada, las construirían las empresas Aguas de Rosarito y Desaladora Kenton, integradas ex profeso por compañías extranjeras y nacionales a partir de contratos firmados bajo la figura de asociaciones público privadas (APP).

Según el expediente 1970/2017 del Poder Judicial de la Federación, la audiencia incidental se realizará el 26 de enero de 2018 en las instalaciones judiciales de esa ciudad fronteriza. La solicitud de amparo, presentada por mixtecos, mazahuas, otomís y kumiais residentes en Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada, señala que no se realizó una consulta para aprobar estos proyectos, derecho indígena irrenunciable, que dejarían comprometidos más de 80 mil millones de pesos a pagar por el gobierno y los usuarios de agua durante 37 años.

La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de Gobernación anunció que estará a la expectativa del desarrollo del recurso promovido por los representantes de los pueblos nativos y residentes.

El comisionado Jaime Martínez Veloz sostuvo que la consulta previa e informada es básica para estos proyectos, de lo contrario se viola con lo dispuesto en el artículo primero constitucional.

Activistas y organizaciones civiles de Mexicali presentarán recursos similares para evitar la construcción de las plantas desaladoras por representar la privatización del derecho fundamental del agua y el endeudamiento público de la entidad.

Por otra parte, el juzgado 6 de distrito de Mexicali admitió una petición de protección de la justicia federal realizada por varias organizaciones para frenar el contrato de la construcción de un centro de mando policial, con costo de 800 millones de pesos, para los próximos 10 años.

Los partidos de Baja California (local), del Trabajo, Morena y Revolucionario Institucional en el Congreso local anunciaron que antes del 3 de enero de 2018 interpondrán una acción de inconstitucionalidad contra cinco proyectos de APP aprobados por el PAN y el PRD este mes en los que se incluyen las desaladoras.