a última semana se produjeron una serie de sucesos que arrojan luz sobre el móvil del asesinato de Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada y colaboradora de Norte de Juárez, a la vez que ensombrece la actuación de las autoridades encargadas de esclarecer el crimen cometido el pasado 23 de marzo en la capital de Chihuahua.
El más reciente de estos hechos es la revelación de llamadas telefónicas que apuntan al involucramiento de funcionarios y ex funcionarios locales del Partido Acción Nacional (PAN) en el atentado contra la periodista. En una de dichas grabaciones se registra la presión ejercida por el ex vocero blanquiazul Alfredo Piñera para que Miroslava revelara las fuentes de información de un reportaje que daba cuenta de la imposición de candidaturas a presidencias municipales y diputaciones locales por grupos del narcotráfico. En la misma conversación, Piñera hace referencia al entonces edil del municipio serrano de Chínipas, su compañero de partido, Hugo Amed Schultz Alcaraz.
El viernes 22 las autoridades estatales dieron a conocer el hallazgo del cuerpo de Ramón Andrés Zavala Corral, contra quien pesaba una orden de aprehensión como presunto autor material del crimen. Tres días después se anunció el arresto de Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, supuesto líder de una célula del cártel de Sinaloa y, de acuerdo con la versión oficial, autor intelectual del asesinato. Fue durante la audiencia de vinculación a proceso contra este último cuando se hizo público el audio en que se vincula a los integrantes del PAN con grupos criminales.
El hecho de que los políticos involucrados en el asesinato de Miroslava Breach sean correligionarios del mandatario estatal, Javier Corral Jurado –Schultz, además, fue hasta hace unos días coordinador de Educación en la zona de la sierra– no contribuye a revestir de credibilidad un proceso que desde el principio ha estado marcado por la opacidad, la lentitud, la indolencia y la falta de sensibilidad hacia la sociedad y los familiares de la víctima.
El rápido deslinde que la Fiscalía General del Estado hizo ayer de cualquier responsabilidad de miembros de partidos políticos
en la planeación o ejecución del asesinato –es decir, la decisión de desechar las pruebas contenidas en los audios sin realizar diligencia alguna– constituye un nuevo agravio, así como la enésima prueba del desaseo con que las autoridades de la entidad llevan el caso. En suma, los acontecimientos de los días recientes no hacen sino reforzar la percepción de que el esclarecimiento pleno y el castigo a los responsables distan de encontrarse entre los fines de la administración panista.
Es claro que, a la vista de las redes de corrupción y complicidad entre crimen organizado y figuras de poder, es de máxima urgencia garantizar una investigación independiente que disipe cualquier sospecha de encubrimiento e impida que este ataque contra la libertad de expresión engrose la vergonzosa lista de la impunidad.
