Madrid.

El Parlamento catalán presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional en el que acusa al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, de aplicar el artículo 155 de manera ilegal. La Diputación Permanente le dio entrada con los votos a favor de Junts pel Sí y Cataluña en Común y con la abstención de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), que no reconoce legitimidad a los tribunales españoles.

En tanto, los juzgados de la localidad catalana de Reus ordenaron la detención inmediata de dos concejales de la CUP en la localidad: Marta Llorens y Oriol Ciurana, acusados de agresión a la policía e incitación al odio.

Por su parte, Jordi Turull, ex consejero del Interior de la Generalitat, confirmó que su formación tiene abiertas todas las posibilidades para investir a Carles Puigdemont, quien vive refugiado en Bélgica desde finales de octubre–, incluida la de que sea investido de forma telemática, así el ex mandatario no tendría que volver a Cataluña para tomar posesión del cargo y evitaría su detención inminente en cuanto pise territorio español, donde tiene abierta una querella por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

Como hizo Unidos Podemos hace dos semanas, los independentistas catalanes decidieron llevar la aplicación del artículo 155 de la Constitución ante el máximo órgano jurídico del Estado español, que decidirá si la la manera en que se aplicó fue legal.

El pasado 28 de octubre, tras la declaración unilateral de independencia en el Parlamento catalán y previa aprobación por mayoría absoluta en el Senado español, el presidente Rajoy decretó el cese del entonces gobierno catalán de Carles Puigdemont, disolvió el Parlamento y convocó a elecciones autonómicas.

Las medidas, aún vigentes, implicaron que el gobierno español asumiera el control de la administración catalana; es decir, que cada ministro se convirtió en concejal del gobierno catalán en su respectiva cartera. Es la primera vez que se aplica el artículo 155 constitucional, por lo que hay dudas sobre la legalidad.

La decisión de los partidos independentistas fue adoptada sólo una semana después de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, en las que se volvió a imponer la mayoría secesionista.

En tanto, los juzgados de la localidad catalana de Reus ordenaron la detención inmediata de los concejales de la CUP Llorens y Ciurana. Una juez ordenó que sean detenidos y presentados este jueves.

Tras ser puestos a disposición de la juez del caso en Reus está previsto que sean dejados en libertad con cargos.