En los pasados nueve años la fundación No Más Negligencias Médicas ha documentado alrededor de 11 mil casos en el país. Eso significa que cada ocho minutos algún paciente es víctima de una situación de ese tipo, aseguró Fernando Avilez Tostado, presidente nacional de esa organización no gubernamental.

En conferencia de prensa, en la cual denunció que el gobierno de Quintana Roo revictimiza a indígenas que perdieron la vista luego de someterse a intervenciones quirúrgicas promovidas por la Fundación Cinépolis, Del Amor Nace la Vista, detalló que del total de casos aproximadamente sólo 10 por ciento ha interpuesto juicios.

Agregó que, aunque los procedimientos legales son tortuosos y largos (pueden durar hasta seis años), 90 por ciento de quienes demandan llegan a buen fin y se logra hacer justicia.

Respecto de los cinco indígenas a quienes representa la agrupación por haber quedado ciegos después de someterse a cirugías para corregir cataratas, criticó la respuesta de los servicios de salud del estado de Quintana Roo.

Fijan plazo para resolver demanda

Detalló que Tania Loyola Canul Medina, directora de Normatividad y Asuntos Jurídicos de dicho sistema, les hizo llegar un escrito en el cual se establece que cuenta con tres meses para resolver aceptar o denegar la demanda de reparación de daños a los cinco mayas que perdieron la vista en octubre de 2015.

Avilez Tostado dijo que es urgente reparar el daño, y que es una burla hablar de tres meses de plazo para responder a la demanda.

“Con esta decisión las autoridades de aquella entidad –encabezadas por el gobernador Carlos Joaquín González– muestran un grave y profundo desconocimiento jurídico, así como falta de criterio para diferenciar asuntos ordinarios de temas urgentes, en los cuales está en juego no sólo el derecho a la salud, sino a la vida, pues cada día que se posterga la justicia con trampas procesales puede derivar en el fallecimiento de las personas afectadas.”

Indicó que lo que busca el sistema de servicios estatales de salud de Quintana Roo es confundir y engañar a los afectados y a la opinión pública, al considerar esa demanda como una simple queja, cuando en realidad es una denuncia por responsabilidad patrimonial.