Los gobiernos estatales y municipales gastan la mayor parte de los recursos disponibles para la seguridad pública en patrullas, armas, escudos y videocámaras, y una proporción mínima para la prevención del delito o capacitación de sus policías.

Para 2017, la Federación y las propias tesorerías locales autorizaron recursos, en conjunto, por 15 mil millones de pesos, para fortalecer el sector de la seguridad pública. El gasto se enfoca en acciones reactivas.

En un contexto de niveles sin precedente de violencia en el país (2017 es el año con más homicidios dolosos en las dos décadas recientes) y, a la vez, creciente debilidad de las corporaciones policiales, los gobiernos estatales y locales autorizaron 5 mil 700 millones de pesos para infraestructura y equipo, mientras para la prevención social del delito se programaron 588 millones, es decir, 10 por ciento.

El criterio para usar los recursos disponibles, con mayor énfasis en la compra de equipo, no es el factor determinante de la situación actual.

Informes de la Secretaría de Gobernación (SG) muestran la prevalencia de un significativo subejercicio del gasto autorizado para las entidades.

De enero a octubre de este año faltaba por aplicar una tercera parte de los dos principales subsidios para esta materia: Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortaseg) y Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Las autoridades federales no se explican esta decisión de las entidades. Es cierto que hay plazos para la entrega de recursos (ministraciones), pero más allá de los trámites y lapsos necesarios para enviar el dinero, el año está por concluir y hay persiste un elevado porcentaje de recursos pendientes de aplicar, indicaron funcionarios de Gobernación.

Un diagnóstico elaborado por esta dependencia advierte rezagos en la mayoría de las corporaciones policiacas estatales, cuyos elementos no están capacitados ni bien pagados. En la mitad de los estados no hay personal mínimo indispensable y es ahí donde se ha agudizado la incidencia delictiva. Además, 8 mil 921 policías deberían ser dados de baja, porque no aprobaron los exámenes de control de confianza (La Jornada, 24/12/17).

En cuanto al Fortaseg, información del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de Gobernación indica que la aportación federal fue de 6 mil 989 millones de pesos y la estatal de 2 mil 33 millones. De estos 9 mil 22 millones, faltan por aplicar 2 mil 795 millones, la mayoría de los recursos de la Federación.

De lo pagado, ejercido o devengado de esa partida hasta el corte del 31 de octubre pasado, mil 528 millones fueron destinados a infraestructura y equipamiento, mientras que para prevención social del delito, 113.6 millones, por mencionar el mayor y uno de los menores gastos, aunque para seguimiento y evaluación se aplicaron apenas 69.3 millones y para la búsqueda de personas, 7.1 millones.

En cuanto al FASP, hay una bolsa presupuestada para este año de 5 mil 906 millones de pesos, alimentada por 4 mil 921 millones de origen federal y 984 de los estados. En noviembre estaba pendiente por gastar mil 385 millones.

Ahí también sobresale un mayor monto para equipamiento policial, red de radiocomunicación y sistema de videovigilancia (2 mil 831 millones), mientras la inversión para la prevención social es de 588.6 millones y para el sistema de emergencias 911, se programó el gasto de 8.4 millones.