Nueva York.

A casi un año de iniciada la presidencia de Donald Trump, las nuevas disposiciones y políticas sobre inmigración están creando una atmósfera de temor en las comunidades de inmigrantes en todo Estados Unidos, la cual, según expertos y críticos, inhibe a las personas de buscar la ayuda y tratamiento médico que necesitan para salvar su vida.

Entre las comunidades de indocumentados en las poblaciones fronterizas más pobres, donde no siempre se dispone de tratamientos médicos avanzados, las familias se han visto forzadas a decidir entre el tratamiento de una enfermedad grave o el riesgo de pasar por puestos de revisión de la Patrulla Fronteriza, donde los agentes ejercen una discreción menos profesional, en el gobierno de Trump, en cuanto a quién detienen.

Y una secuela problemática es que los elementos federales siguen a las personas a los hospitales, los cuales tradicionalmente se han considerado lugares delicados que los agentes de la ley deben evitar si no hay circunstancias de peligro. Los arrestos están llevando a las personas a intentar no salir para nada a lugares públicos, declaró el representante Joaquín Castro, demócrata texano cuyo distrito se encuentra cerca de San Antonio.

La gente se esconde en los lugares más recónditos y evita ir a cualquier institución. Las víctimas de violencia doméstica rehúyen acudir a la policía o a los tribunales. Personas que tienen serios problemas de salud no van a hospitales o a consultas médicas. Esto tiene un efecto increíblemente dañino en las comunidades, agregó el legislador.

En meses pasados, este tema fue puesto de relieve cuando Rosa María Hernández, una niña de 10 años que tiene parálisis cerebral, fue seguida por la Patrulla Fronteriza desde un retén mientras se trasladaba en ambulancia desde Laredo, Texas, hasta Corpus Christi para una operación de emergencia en la vesícula, que los médicos de Laredo no tenían la capacidad de realizar.

Una vez en el hospital, los agentes insistieron en tener siempre a la vista a la niña, pues afirmaron que podría huir. Al final la pusieron en custodia federal en San Antonio, donde la confundida menor preguntaba una y otra vez por su madre, quien se había visto impedida de viajar con ella por temor a la deportación.

Los puestos de revisión tácticos interiores de la patrulla están ubicados de 40 a 55 kilómetros de la frontera, y son una barrera de defensa que según el Departamento de Seguridad Interior ayuda a combatir el terrorismo, el tráfico de drogas y la inmigración indocumentada. Si bien han sido criticados por violar la Cuarta Enmienda, que prohíbe las detenciones y revisiones sin orden judicial, la Suprema Corte sostuvo su constitucionalidad en la década de 1970, afirmando que no sería práctico que la Patrulla Fronteriza cumpliera su función si necesitara órdenes individuales para cada vehículo en un retén.

Durante el primer año del gobierno de Trump se ha observado un fuerte incremento (40 por ciento) en los arrestos de inmigrantes en el interior, en comparación con la administración de Obama, pese a que las deportaciones en general han disminuido un tanto (alrededor de 6 por ciento). Para alcanzar esas cifras, las autoridades se han enfocado en indocumentados sin antecedentes penales, grupo que con Obama se consideraba que no debería ser prioritario. En el primer año, el número de inmigrantes arrestados por infracciones civiles se ha elevado 30 por ciento, y el de inmigrantes sin antecedentes penales detenidos se ha más que duplicado, según un informe del Centro de Inmigración y Aduanas.

Cacería de individuos sin antecedentes penales

Esta cacería de individuos sin antecedentes penales obliga a las personas a evitar el uso de servicios públicos. Además, los relatos de personas que son apresadas cuando solicitan atención a problemas críticos de salud tampoco ayudan a la causa. El problema es precisamente cuando vemos que la Patrulla Fronteriza puede aplicar el criterio; podría hacerlo, pero no lo hace, comenta Astrid Domínguez, experto en estrategia política de la Unión de Libertades Civiles en Texas. La Patrulla Fronteriza necesita cambiar sus políticas con respecto a personas que cruzan los puestos de revisión en busca de atención médica.

Con ese relajamiento de prioridades y aparente falta de criterio, muchas familias e individuos (como ocurrió con Rosa María) tienen que tomar decisiones difíciles cuando se trata de buscar tratamiento. Esto es reforzado por entrevistas a inmigrantes indocumentados y a personas familiarizadas con sus casos, junto con situaciones de las que ya se ha informado.

Por ejemplo, Sergio Puente señala que él se enfrentó a este problema en marzo pasado, cuando en una visita al hospital local de Laredo con su madre se enteró de que ella padecía una forma avanzada de cáncer cerebral, la cual requería un tratamiento que sólo podía conseguirse en San Antonio. Esa tarde la Patrulla Fronteriza dejó pasar la ambulancia en la que se trasladaba, pero la siguió hasta su destino, y cuando la madre fue trasladada a una parte distinta del hospital los patrulleros se negaron a informarle sobre su condición, tras lo cual estuvo tres días sin saber si ella estaba viva.

Ahora, de nuevo a salvo en Laredo, Puente comenta que no puede llevarla a ver a los médicos en San Antonio por temor de que los agentes vuelvan a recogerla y a la larga deportarla a su tierra de origen en México, la cual es presa de la violencia.

Otra inmigrante indocumentada, Evelyn Garza, afirma que la Patrulla Fronteriza impide que ella y su hijo, quien sufre síndrome de rubéola, busquen en Houston tratamiento y un entrenamiento que le permitiría comunicarse con él y atenderlo. Afirma que ningún médico en su área tiene preparación especializada para tratar esa enfermedad, por la cual su hijo, de 23 años, ha quedado sordo y ciego.

La señora Garza señala que a causa de los retenes está varada en la población fronteriza donde vive, y no puede llevar a su hijo a una población más grande. En su ciudad no hay un médico que pueda prescribir los medicamentos que él necesita, los cuales son un factor primordial en su conducta y aprendizaje.

Esos casos, junto con muchos otros que han sido reportados a activistas, pintan un panorama de miedo incrementado e incertidumbre que ha empeorado en el año anterior. Rosa María fue después entregada en custodia a un familiar y aún espera que su caso proceda.

Sergio Puente comenta que están haciendo lo más que puede con lo que tienen a la mano en su población fronteriza porque arriesgarse a la deportación para buscar tratamientos que potencialmente salven la vida a su madre no justificaría que fuese deportada a México, donde su poblado nativo parece una zona de guerra. Y Evelyn Garza, quien desde 2013 mantiene a su hijo con sus propios recursos, luego de dejar una relación abusiva, comenta que le gustaría llevarlo a recibir un tratamiento que le permitiese conectar con él, pero vive con un temor constante. Tengo miedo. No quiero que me agarre la inmigración si lo llevo, porque si eso ocurre él se quedaría solo.

© The Independent

Traducción: Jorge Anaya