Buenos Aires.

El juez federal Julián Ercolini procesó al técnico informático Diego Lagomarsino como partícipe necesario del asesinato del fiscal Alberto Nisman (fue quien le proporcionó el arma), encontrado muerto en su departamento el 18 de enero de 2015, en una situación que los mejores peritos del país concluyeron como suicidio, por estar todas las puertas del inmueble cerradas por dentro. El cadáver del fiscal yacía en el baño, con una pistola con la que se habría disparado.

Lo que faltaba investigar a fondo era la posibilidad de un suicidio inducido, que más que comprometer al gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, debió encaminarse hacia los servicios de inteligencia extranjeros, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y el Mossad israelí, para los que trabajaba Nisman, obligado a mantener una acusación sin pruebas contra Irán por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en julio de 1994.

Se trata de un giro incomprensible en esta causa, que ahora se lleva como homicidio simple, pese que este dictamen se opone a la investigación que la fiscal Viviana Fein elaboró minuciosamente durante un año, soportando toda clase de obstáculos de medios de comunicación y de la poderosa Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, cuyo directivo Rubén Berajas en 1994, está ahora inculpado por encubrimiento de los posibles involucrados en ese atentado.

Fein, una fiscal respetada, defendió su trabajo: No tengo probado que haya entrado una persona al departamento, haya sometido a Nisman en el baño y lo haya asesinado. No puedo hacer afirmaciones falsas. La querella unidireccionó la investigación desde el homicidio, pero no puedo salir a decirle a la sociedad que tenemos una prueba directa cuando no es así.

Ahora el grupo de jueces ligados al gobierno de Mauricio Macri han tomado la investigación de la Gendarmería realizada más de un año después, en un escenario simulado, concluyendo, sin poder explicar detalles incomprensibles, que el fiscal fue asesinado, interviniendo dos personas y sin poder explicar cómo pudieron matarlo y salir del baño, cuya puerta estaba trabada por el cadáver de Nisman.

Todo coincide con la decisión del gobierno y el llamado Partido Judicial de acusar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al ex canciller Héctor Timerman y a otras personas, de haber intentado encubrir a los presuntos responsables, funcionarios y diplomáticos iraníes, mediante un Memorándum de Entendimiento firmado entre Irán y Argentina, y aprobado por el Congreso en este país. Esto posibilitaba que jueces argentinos pudieran viajar a Teherán para indagar a los acusados, por cierto sobre los que no hay prueba alguna, que han sido señalados desde el día siguiente al atentado de 1994, por Estados Unidos e Israel.

Todo es irregular e incomprensible, pero la Cámara de Casación convalidó la decisión del juez Claudio Bonadío sobre el procesamiento de Fernández y Timerman, quien está detenido en su domicilio.

Hay un hecho grave en este caso, debido a que el juez Bonadío quiere apresurar el cierre del procesamiento, para dejar fuera al ex secretario de la Interpol Ronald Noble, quien ha desmentido varias veces que el gobierno de Fernández le solicitó el levantamiento de las alertas rojas sobre los iraníes, como aduce el juez. Incluso pidió viajar para presentarse como testigo, pero su testimonio demostraría la falsedad de una causa armada.

Crisis en el ejército

La Armada argentina atraviesa por una severa crisis luego del caso de la desaparición del submarino ARA San Juan, con 44 tripulantes, el pasado 15 de noviembre. Esto sucede entre jefes de alto rango que mantienen acusaciones cruzadas que se asientan en documentos calificados de secretos o confidenciales, cuyas copias obtuvo el periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación. Aparecen versiones encontradas y denuncias mutuas por supuesta negligencia en la gestión por la pérdida del submarino, desde cuestionamientos por la aparente adulteración de datos y filtraciones de comunicaciones, hasta la supuesta intervención de teléfonos para eliminar mensajes enviados o recibidos por WhatsApp.

Dos oficiales quedaron en particular bajo la lupa: el comandante de Adiestramiento y Alistamiento– el virtual número tres de la Armada con asiento en la base naval de Puerto Belgrano–, el contralmirante Luis López Mazzeo, y el comandante de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Claudio Villamide, máximo jefe de la base naval de Mar del Plata y superior directo del jefe del ARA San Juan, quienes están suspendidos por el jefe de la Armada argentina, el almirante Marcelo Srur, quien ya está separado de su cargo.

Se les considera responsables de “arriesgar la integridad física de sus subordinados sin necesidad evidente y por actuar con negligencia/imprudencia notoria y grave al no impedir que el ARA San Juan navegase luego de las severas anomalías detectadas” en inspecciones previas al viaje.