La Paz, BCS.

Los sudcalifornianos son los mexicanos con menor disponibilidad de agua dulce por habitante: 785 metros cúbicos al año, cuando el promedio nacional es de 4 mil 200, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La escasez es consecuencia de sus condiciones climáticas y geográficas, pero también del aumento de la población, la falta de infraestructura y fallas en las redes de distribución.

Rodeado por el mar, Baja California Sur es el estado más árido del país, con una precipitación media anual de 200 litros por metro cuadrado, menos de un tercio del promedio nacional. De esa cantidad, sólo 5.7 litros por metro cuadrado llegan a los acuíferos; el resto se evapora o escurre hacia el mar. Casi no tiene agua dulce superficial. Sus principales fuentes de abastecimiento se encuentran en el subsuelo.

La desalinización, el reúso de aguas residuales tratadas y la acumulación en presas aportan 20 por ciento del suministro, según el Plan estatal de acción climática, de enero de 2012.

El estudio advierte que la sobrexplotación ha mermado el nivel de los acuíferos y favorecido la intrusión de aguas marinas en numerosas cuencas hidrogeológicas.

Advierte que la extracción de agua subterránea en Baja California Sur es mayor que la disponibilidad de los acuíferos, lo que además de constituir una restricción para su desarrollo, empieza a generar riesgos para el abasto a la población y a centros de producción ya establecidos.

De acuerdo con este análisis, la región enfrentará una crisis de disponibilidad de agua para 2025.

En la década 2000-2010, la población del estado aumentó 50 por ciento y la disponibilidad de agua por persona disminuyó a 785 metros cúbicos anuales, una de las más bajas del país.

Planta desaladora a cambio de entregar administración a la IP

En La Paz, el organismo operador municipal de agua potable (Oomap) provee 16.4 millones de metros cúbicos al año, pero registra un déficit de 20 por ciento. El líquido se distribuye por la red a 215 colonias, la mayoría de las cuales la recibe cada tercer día. Otras 35 colonias y 47 zonas rurales reciben el líquido en camiones cisternas.

El Oomap tiene registradas 101 mil 107 tomas domiciliarias y reconoce un déficit de 10 por ciento en la cobertura.

Las principales ciudades de Los Cabos se abastecen de 15 pozos ubicados en San José del Cabo –de los cuales se extraen en promedio 50 litros por segundo–, y de uno en Cabo San Lucas, que produce 40 litros. La presa San Lázaro aporta 80 litros por segundo y una planta desalinizadora, 180.

San José del Cabo tiene un déficit de 100 litros por segundo y Cabo San Lucas, de 180. Los acuíferos de ambas poblaciones están declarados en equilibrio, por lo cual no pueden concesionarse más pozos para extraer agua.

Actualmente se construye una segunda planta desalinizadora en Cabo San Lucas, la cual abastecería a colonias populares. El alcalde de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, dijo que esta planta producirá 250 litros por segundo para 100 mil habitantes.

El proyecto se financia con recursos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y de la iniciativa privada, que aportarán 49 y 51 por ciento, respectivamente.

De la Rosa destacó que las autoridades locales lograron que Banobras contribuyera con 568 millones de pesos a fondo perdido, el monto máximo que el banco puede otorgar.

Puntualizó que si bien el gobierno de Los Cabos no aportará dinero, se comprometió a comprar el líquido durante 25 años a la empresa que gane la licitación.

Concesionaria opera sin vigilancia, señalan

Patricia Vázquez Corresponsal

Cancún, QR.

Quintana Roo es un estado rico en agua, pues en el subsuelo hay una capa de agua dulce sobre otra salada, pero existe el riesgo de contaminación en la zona norte debido a la industria turística y a los asentamientos irregulares generados por el acelerado crecimiento poblacional, mientras el sur carece de servicio por lo apartado y disperso de las comunidades, coincidieron autoridades y asociaciones civiles.

Es el caso de San Antonio Soda, sin suministro desde hace medio siglo. En 2016 un juez federal emplazó a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa), al ayuntamiento de Othón P. Blanco (Chetumal) y al Poder Legislativo a dotar de agua a ese poblado.

La comunidad Caobas (también en Othón P. Blanco) exigió servicio en una demanda presentada ante la sala administrativa del Tribunal Superior de Justicia y denunció que la Capa no cumple su mandato, informó Andrés Blanco, integrante de la Central Cardenista Campesina.

Según Gonzalo Mederiz, director de la Asociación Civil Amigos de Sian Ka’an, 12 comunidades del sur, donde habitan unas 400 personas, carecen de servicio, por lo cual la Capa las capacitó para acopiar lluvia.

La Capa es un organismo estatal que administra el agua de los 11 municipios de la entidad; cada uno de ellos cuenta con uno por ciento de las acciones de la empresa, pero ningún ayuntamiento se responsabiliza del servicio.

En 1993 se aprobó privatizar el suministro de agua en el municipio de Benito Juárez (Cancún). La ganadora fue la empresa argentina Aguakán. Esta decisión se tomó en la gestión del alcalde Carlos Cardín Pérez, en sesión secreta. Posteriormente, cuando el priísta Paul Carrillo era presidente municipal, en 2013, la concesión se prorrogó hasta 2053, y los cabildos de Solidaridad e Isla Mujeres aprobaron también la privatización del suministro de agua.

Años más tarde se creó el municipio de Puerto Morelos, escindido de Benito Juárez, y se inició un proceso legal para desconocer la concesión a Aguakán. Sin embargo, el jueves pasado se suscribió un convenio para que la firma construya el drenaje de una colonia de ese municipio.

Aunque Aguakán ofrece agua potable en prácticamente toda su zona de cobertura, cientos de usuarios acusan a la concesionaria de aplicar tarifas arbitrarias y de dañar calles, entre otras quejas.

El ex presidente municipal Carlos Cardín Pérez consideró que la Capa dejó de supervisar a la concesionaria, la cual enfrenta denuncias suficientes para rescindirle el contrato.