La falta de empleo, la proliferación del trabajo informal, la declaratoria de incapacidad física temporal o permanente, la detección de enfermedades graves o crónicas o la separación personal y el divorcio han producido un incremento sustantivo de la pérdida del patrimonio de cientos de millares de familias en México, ante lo cual, en la presidencia de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se inscribió ayer una propuesta de ley federal de insolvencia económica.

Con ella se establecerían los procedimientos administrativo y judiciales para grarantizar a los usuarios de los servicios financieros en condiciones de insolvencia económica por causa no dolosa alcanzar un acuerdo de pago con sus acreedores y cumplir así con sus obligaciones pecuniarias en un plazo razonable.

Así, el Estado garantizará a las familias la protección de los bienes que constituyen su patrimonio para una vida digna y establecerá un sistema de asistencia jurídica y financiera gratuita para los deudores que se acojan a la protección de la ley.

De igual modo, se establecerían mecanismos para generar condiciones mínimas que permitan la recuperación de la economía familiar o personal, del usuario de servicios financieros.