Más de 120 organizaciones civiles, nacionales e internacionales, demandaron a las autoridades federales y estatales implementar una estrategia de desarticulación y castigo de los grupos civiles armados, de corte paramilitar que actúan en Los Altos de Chiapas y que cuentan con la complacencia de las autoridades de la entidad y municipales.

Esta situación, enfatizaron, ha agudizado el histórico conflicto agrario entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, obligando al desplazamiento de miles de indígenas, la mayoría de extrema vulnerabilidad, como mujeres, niñas, niños y ancianos, provocando hasta el momento la muerte de por lo menos 11 personas”.

Exigieron que se reconozca a las comunidades afectadas como víctimas de desplazamiento interno y se establezcan las medidas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad, protección y atención inmediata diferenciada, reparación de los daños al patrimonio y de las violaciones a los derechos humanos de los miles de desplazados. Medidas que deberán responder a los más altos estándares internacionales en la materia y en consonancia con lo expuesto en la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno del Estado.

Cuidadoso cálculo político

Organizaciones como los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, Fray Francisco de Vitoria y de la Montaña Tlachinollan; Servicios y Asesoría para la Paz; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, y la Unión Finlandesa por la Paz, entre otras, firmaron un pronunciamiento conjunto en el que criticaron la sentencia de un Tribunal Agrario Unitario, dando la razón al municipio de Chenalhó por el conflicto de tierras.

En su ambigua forma, el manejo de los tiempos y su débil contenido, dicha sentencia, más que apegarse a un verdadero análisis y fundamentación histórica y jurídica en materia agraria del caso, más bien parece ser producto de un cuidadoso cálculo político que pretendería la administración del problema, respondiendo a los tiempos políticos. Agregan que en sus cuatro resolutivos finales, el fallo del tribunal ambiguamente pareciera mantener a salvo los derechos de ambas comunidades agrarias. Sin embargo, en realidad favorece absolutamente a Chenalhó, y con ello encubre y alienta los ilegítimos intereses de la delincuencia organizada, que ha obligado al inhumano desplazamiento de miles de indígenas. Manteniendo a la verdadera base comunitaria de ambos pueblos en un permanente estado de angustia, miedo y sufrimiento.