San Cristóbal de Las Casas, Chis.

Mientras en Acteal, municipio de Chenalhó, se alista la conmemoración del 20 aniversario de la masacre ocurrida ahí el 22 de diciembre de 1997, el grave conflicto territorial y social entre Chalchihuitán y Chenalhó, con inconfesables tintes políticos, sigue sin resolverse y persiste el desplazamiento forzado y violento de cientos de familias tzotziles de ambos ayuntamientos en los altos de Chiapas, en la misma zona de la masacre.

Una brigada médica independiente que visitó a los desplazados de Chalchihuitán reporta que siguen en las mismas condiciones; los disparos de grupos armados de Chenalhó continúan contra cinco comunidades y las necesidades se están agudizando. El Estado continúa siendo omiso en la solución de esta problemática. En tanto, hoy se celebró en esta ciudad una reunión entre las partes y el gobierno.

Administración del conflicto

Al citado reporte de Salud y Desarrollo Comunitario y de la Casa de La Mujer Ixim Antsetic se suma lo documentado por un considerable número de organizaciones civiles, de derechos humanos y de la mujer, ambientalistas, culturales y educativas, además de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (84 grupos en 23 estados de la República): No se cumplieron las medidas cautelares hacia los gobiernos estatal y federal por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el conflicto agrario no se resuelve con la sentencia de un magistrado en días pasados.

Los organismos concluyen que la sentencia de Claudio Aníbal Vera Constantino, magistrado del Tribunal Unitario Agrario, distrito 3 de Tuxtla Gutiérrez, suscrita y certificada desde el 6 de noviembre (unos días antes de la agudización violenta del conflicto), fue notificada a las autoridades comunales de Chalchihuitán y Chenalhó, y hecha pública hasta el 13 de diciembre (un mes y una semana después de emitida, ya escalado el clima de agresión y violencia), lejos de dar una solución, en su ambigüedad parece producto de un cuidadoso cálculo político que pretendería la administración del problema, respondiendo a los tiempos políticos del gobierno.

La histórica problemática agraria, irresuelta de fondo con apego a justicia y a derecho, ha constituido el pretexto central para desatar un clima de extrema violencia y, a la vez, encubrir acciones e intereses ilegítimos de muy alta peligrosidad. Los organismos, muchos de ellos involucrados en la actual atención a los desplazados, consideran que, a pesar de que la sentencia pareciera mantener a salvo los derechos de ambas comunidades agrarias, en realidad favorece absolutamente a Chenalhó, y con ello encubre y alienta los ilegítimos intereses de la delincuencia organizada, que, por la acción impune de grupos armados de corte paramilitar, ha obligado al inhumano desplazamiento de miles de indígenas; en su mayoría, personas de extrema vulnerabilidad: mujeres, niñas y niños, ancianas y ancianos.

Hasta el momento han fallecido por lo menos 11 personas, manteniendo a la base comunitaria de ambos pueblos en un permanente estado de angustia, miedo y sufrimiento.

En este contexto, las organizaciones ratifican la exigencia de desarticular, desarmar y castigar a los grupos armados que están actuando bajo la complacencia de los gobiernos local y estatal. También investigar y resolver denuncias previas y expedientes congelados, el castigo a responsables y auditorías a las presidencias municipales de Chenalhó, Chalchihuitán y Chamula, ante la presunción documentada de que desde ahí se desvían fondos para la compra de armas.

Así, a la confiscación de armas, los organismos apremian en favor de acciones judiciales efectivas: reconocimiento del estatus legal de desplazamiento forzado interno, aplicación de protocolos, garantías de seguridad e instalación de campamentos para desplazados, ayuda humanitaria y de salud, garantías para el retorno y la reintegración, reparación del daño y aplicación de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas.