n las últimas semanas asistimos a la escenificación de la deslegitimación de las democracias electorales en América Latina. Me refiero al fraude electoral contra la oposición en Honduras, al irresistible ascenso del fujimorismo que está a punto de desplazar al presidente electo con un golpe parlamentario y al retorno del empresario derechista Sebastián Piñera a la presidencia en Chile. En los tres casos parece evidente que el sistema democrático no sirve a los intereses de los sectores populares.

En Honduras se produjo un doble fraude. En 2009 se había dado un golpe institucional contra el presidente Manuel Zelaya porque pretendía postularse a la relección que está expresamente prohibida por la Constitución. Sin embargo, en 2015 la Corte Suprema de Justicia falló de manera unánime señalando la inaplicabilidad del artículo 239 que prohíbe la relección. O sea, la misma Corte que destituyó a Zelaya, violó la Constitución para hacer lo contrario.

Días atrás, hasta la OEA de Luis Almagro se pronunció por repetir unas elecciones que a todas luces fueron irregulares, aunque el Tribunal Supremo Electoral parece haber zanjado la cuestión en favor del presidente Juan Orlando Hernández. Nada indica que el corrupto poder hondureño, que provocó el asesinato de Berta Cáceres y de otras 123 personas asesinadas desde 2010 por oponerse a proyectos de represas, vaya a retroceder. Ni que la OEA sea tan beligerante en este caso como lo está siendo con Venezuela.

En Perú el Parlamento con mayoría absoluta fujimorista está al borde de un golpe parlamentario para destituir al presidente Pedro Pablo Kuczynski, economista y empresario neoliberal. La justicia lo acusa de haber favorecido a la brasileña Odebrecht en 2006 cuando era el primer ministro de Alejandro Toledo. Lo que indigna es que sea el partido de Keiko Fujimori, que cobija a los genocidas y corruptos del régimen de su padre, Alberto, preso que será puesto en libertad si ganan la Presidencia, quien esté al frente del ataque al actual gobierno.

El fujimorismo busca hacerse con el control del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía de la Nación, a cuyos miembros acusa de presunto lavado de activos del narcotráfico. El control del Parlamento puede terminar por ahogar todas las instituciones del país, entre ellas la Corte Suprema, para evitar que la justicia siga adelante con el caso Lava-Jato que implica a los Fujimori. En tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano suspender el proceso contra miembros del Tribunal Constitucional (goo.gl/V6gkfm).

Llama la atención que las izquierdas no denuncien golpe cuando el proceso contra Kuczynski tiene rasgos similares a la destitución de Dilma Rousseff en Brasil. Parte de la izquierda peruana (el Frente Amplio de Marco Arana) está empujando el mismo carro que el fujimorismo, seguramente por cálculos electoralistas.

En Chile, Piñera ganó la Presidencia con poco más de 25 por ciento de los votos, ya que más de la mitad de los habilitados decidieron no concurrir a las urnas. No es la primera vez que esto sucede. Desde que la votación no es obligatoria, el porcentaje de votantes cayó abruptamente. En la segunda vuelta la abstención fue apenas menor que en la primera, porque el electorado decidió que entre el candidato oficialista (Alejandro Guillier) y el millonario neoliberal hay poca diferencia.

Algunos analistas progresistas sostienen que no votar es un síntoma de despolitización. No dicen que la ley antiterrorista ha sido y es aplicada en Chile por los gobiernos progresistas de Bachelet contra el pueblo mapuche, pese a que incluso órganos de las Naciones Unidas se han pronunciado en contra de su aplicación en el conflicto de la Araucanía.

La reforma educativa a la que se comprometió el segundo gobierno de Bachelet (2014-2018) es otra promesa incumplida que recibió duras críticas del movimiento estudiantil porque no considera la educación como un derecho social, no termina con el sistema de créditos con garantía estatal, no pone fin al lucro y no da plazos explícitos para la gratuidad (goo.gl/EiJfie). Ni qué hablar de las AFAP, sistema privado de pensiones que se mantiene en pie desde la dictadura de Pinochet (1973-1990).

Estos tres casos merecen algunas consideraciones sobre la democracia electoral y las estrategias de quienes queremos cambiar las cosas.

La primera es la inconsistencia de las llamadas instituciones democráticas y también de las organizaciones internacionales como la OEA, que aplican un doble rasero desvergonzado. El Poder Judicial y el Parlamento (que deberían velar por los derechos y representar a la población, respectivamente), se han convertido en instituciones decorativas que son manejadas por los poderes económicos y las mafias (como el fujimorismo y las élites hondureñas) según sus propios intereses.

La segunda es que estamos viviendo tiempos de turbulencia global que llevan a los poderosos a quitarse las máscaras, siendo la careta democrática la primera en caer para dejar paso al gesto adusto de la fuerza bruta. Esto sucede en todo el mundo, empezando por las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China. Ni qué hablar de países como los nuestros, donde los Estados-nación conservan un nítido sello colonial.

La tercera es qué hacemos ante esta realidad. No propongo ignorar los escenarios electorales, sino definir una estrategia que los coloque en su justo lugar. El primer paso de cualquier estrategia en el escenario actual es consolidar las organizaciones, territorios y espacios de los sectores populares. Eso quiere decir: apuntar hacia educación propia, salud propia, justicia propia y poder propio. No depender de los Estados, ni de las instituciones internacionales. Construir organizaciones sólidas y flexibles capaces de navegar en las tormentas.

Si lo anterior funciona, podemos pensar en el calendario electoral y dedicarle algunas fuerzas. Sin desarmar los mundos propios, naturalmente.