Buenos Aires.

El equipo de fiscales de la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) pidió este jueves cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación para el ex presidente Carlos Menem (1989-1999) y 13 años de cárcel para el ex juez Juan José Galeano, en el proceso que se sigue por encubrimiento del atentado contra la sede de esa mutual que dejó 85 muertos en julio de 1994.

También resolvieron una pena de ocho años para los ex fiscales José Barbaccia y Eamon Mullen, y seis años para Hugo Anzorreguy, quien fue jefe de la desarticulada Secretaría de Inteligencia del Estado.

En el caso de Rubén Beraja, ex titular de la Delegación de Asociaciones (DAIA), la condena solicitada fue de un año de prisión, como partícipe secundario de este encubrimiento, aunque en este caso es difícil explicar porque siendo funcionario de la DAIA intentó desviar la investigación, mientras especulaban con acusaciones falsas.

Hubo otras solicitudes de condenas menores y una absolución que está causando indignación como la del comisario Jorge Fino Palacios, quien estuvo a cargo de la policía Metropolitana cuando el actual presidente, Mauricio Macri, era jefe de gobierno de Buenos Aires.

Hay otras solicitudes de condenas de tres años de prisión, pero surge nuevamente la llamada pista siria, aunque como sucede siempre en este caso, todo termina en dudas y confusiones, como si hubiera una mano negra detrás.

En este momento de tensión que no cede, cuando el gobierno sigue dando pasos que debilitan seriamente a la democracia, la Cámara Federal constituida por fiscales ligados al gobierno de Macri, confirmó el procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), el ex canciller Héctor Timerman y otros nueve acusados de intentar encubrir a funcionarios iraníes señalados por Israel y Estados Unidos del ataque a la AMIA, al firmar un memorándum de entendimiento que fue aprobado por el Congreso argentino, para que se pudiera –con todas las garantías– indagar a éstos en Teherán, ya que el Estado iraní no tiene acuerdos de extradición.

Esto no se pudo llevar a cabo por la oposición cerrada, no de las familias de las víctimas, sino del gobierno israelí. Organismos internacionales, entre ellos Human Rights Watch, han considerado descabellada la decisión del juez Claudio Bonadío y la causa, mientras el ex secretario general de Interpol Ronald Noble desmintió parte del expediente en la que se le quería acusar de haber intentado, a pedido de Timerman, levantar las alertas rojas contra estos funcionarios, lo cual nunca solicitó Argentina, sino todo lo contrario. Noble denunció que nunca lo llamó el juzgado, por lo cual se ofreció a testificar en ese juicio, por lo demás cargado de mentiras e irregularidades.

De esto escribió en días recientes el ex canciller Héctor Timerman en The New York Times, donde se consideró como un preso político, señalando las falsificaciones de esta causa y su situación de enfermo grave con prisión domiciliaria. Todo esto transcurre en un momento en que la represión y la persecución judicial y política está llevando la situación a extremos.

Se anunció que el Ente Nacional de Comunicaciones aprobó la fusión entre Telecom y Cablevisión favoreciendo al Grupo Clarín, que se convierte en la mayor empresa de telecomunicaciones del país. De esta manera el macrismo devuelve a multimedios el apoyo mediático y político para sobrellevar dos años de ajuste y deterioro social, señala Página 12, y también lo hacen otros medios afectados por este favoritismo.