La Asamblea Legislativa (ALDF) aprobó las leyes derivadas de la Constitución Política de la Ciudad de México relativas a la organización y funcionamiento de las alcaldías y los poderes Legislativo y Ejecutivo, pero continúa estancada en comisiones la del Poder Judicial.

Esto, por el empecinamiento del Partido Revolucionario Institucional, que preside la Comisión de Procuración y Administración de Justicia que la dictamina, de excluir disposiciones del texto constitucional impugnados por el Ejecutivo federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La discusión en el pleno del primer dictamen, sobre la ley de alcaldías, generó un rompimiento del bloque formado por los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y el PRI desde el inicio de la legislatura contra Morena, luego de que la bancada priísta se sumó a este último para impedir la pretensión de panistas y perredistas de fijar una retribución de 40 mil pesos mensuales para cada uno de los 10 concejales de las demarcaciones, que finalmente quedó en 20 mil pesos.

El dictamen aprobado en comisiones establecía que el titular de la alcaldía tendría la facultad de someter al pleno del concejo una propuesta de retribución que iría de un mínimo equiparable al sueldo de un líder coordinador de proyectos nivel A, de 16 mil pesos, a un máximo de un director de área nivel C, de 40 mil pesos.

En la discusión en el pleno, ya aprobado en lo general el dictamen, la diputada perredista Elena Segura, respaldada por Morena y el PRI, presentó una reserva en la que propuso regresar a la redacción original, la cual planteaba que la retribución de los concejales no podrá exceder del equivalente a 265 veces la unidad de medida y actualización, esto es, 20 mil pesos.

Iniciada la votación y contra la norma legislativa, el perredista Mauricio Toledo pidió un receso para consensuar en su fracción, y transcurridos 15 minutos, al reanudarse la votación, abandonaron el salón de plenos junto con los legisladores del PAN, y aun cuando sumaron con ellos a los tres diputados de los partidos Encuentro Social, Humanista y Nueva Alianza, así como a dos de Movimiento Ciudadano y los tres del Verde Ecologista, al no convencer a Segura de retractarse y permanecer ésta en el pleno para votar en favor de su propuesta, junto con su compañero José Manuel Ballesteros y un diputado de Movimiento Ciudadano, se frustró el intento de romper el quórum de la sesión y la reserva se aprobó por apenas el mínimo requerido de 34 votos.

La sesión pudo así continuar y una vez que los legisladores volvieron al pleno se aprobaron la Ley Orgánica del Congreso y su reglamento, y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Las nuevas normas que regirán a los poderes públicos de la capital del país entrarán en vigor conforme vayan renovándose éstos y sean ocupados por quienes resulten electos en el proceso electoral del próximo año, la del legislativo y de alcaldías el 17 de septiembre, aunque los titulares de las demarcaciones territoriales y concejales asumirán el primero de octubre y la del Ejecutivo el 5 de diciembre.