La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fijó durante 2017 diversos criterios para interpretar las reformas estructurales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, competencia económica y energía, así como en acceso a la información pública y protección de derechos fundamentales de grupos como los pueblos indígenas, madres trabajadoras y víctimas de delitos.

En un resumen de sus actividades anuales, la Corte informó que también resolvió asuntos que ampliaron el ejercicio de los derechos fundamentales justiciables en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, como el de un medio ambiente sano de los habitantes de Mixquic, en Tláhuac, afectados por la contaminación de los canales acuíferos, y el de igualdad y no discriminación en el acceso a servicios de reproducción asistida en instituciones del sector salud.

Un fallo que destacó en este año fue el relacionado con el derecho a la información; los ministros de esta sala determinaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está plenamente facultada para definir, en los casos en que se clasifique la información requerida por algún particular, si ésta se relaciona o no con la investigación de violaciones graves a los derechos humanos y, en esa medida, sí debe prevalecer el principio de máxima publicidad en tales asuntos.

La sala sentó también un importante precedente para las madres trabajadoras, al resolver una contradicción de criterios a través de la cual tutela los derechos de la mujer que es víctima de un despido injustificado por causa de su embarazo o durante el posparto.

Los ministros resolvieron que si en un juicio laboral se reclama que el despido de una trabajadora es un acto discriminatorio de su patrón por estar embarazada, la autoridad jurisdiccional debe aplicar la herramienta de perspectiva de género, por lo que la parte patronal tendrá la obligación de probar la causa legal del despido, aun cuando en el juicio ofrezca la reinstalación.

Otro caso relevante fue el relacionado con los derechos de pueblos indígenas, como los amparos concedidos a comunidades mayas de Quintana Roo para que se les consulte sobre un permiso para el uso comercial de semillas de soya genéticamente modificada otorgado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.