La Ley General de Aguas debe contar con disposiciones para que el gobierno haga efectivo el derecho humano al recurso para todos los mexicanos con un mínimo de entre 50 e, idealmente, 100 litros de agua salubre por persona al día, y que ésta sea accesible y asequible, considera el Consejo Consultivo del Agua.

De acuerdo con esta organización civil se requiere una reforma integral que regule de manera adecuada la administración del recurso con un diseño institucional actualizado que refleje las realidades sociales y económicas y establezca las bases para satisfacer el derecho humano al agua.

Asimismo, la legislación debe contar con directrices para definir una política pública equitativa que garantice disponibilidad suficiente a poblaciones humanas y actividades económicas, con la calidad, regularidad y volúmenes necesarios, buenos estándares de pureza del agua en cuerpos continentales y zonas costeras y abastecimiento adecuado para la conservación de cuencas y ecosistemas acuáticos.

El consejo considera que esa ley, que se elabora en la Cámara de Diputados, debe incluir criterios que encaminen al país hacia la seguridad, sustentabilidad, equidad y competitividad hídricas.

Participación de la sociedad

De igual forma debe considerar la distribución clara de facultades entre la Federación, estados y municipios y tomar en cuenta la participación de las organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento y procurar una adecuada concurrencia de la sociedad en la gestión y administración del agua.

El marco legislativo debe considerar también mecanismos que garanticen certidumbre jurídica para que la sociedad, empresas, organizaciones y gobierno puedan concurrir y participar en la formulación y ejecución de la política hídrica.

El Consejo Consultivo del Agua refiere que en México la distribución geográfica de este elemento no coincide con la de la población. Existen diferencias sustanciales entre el sureste y el norte del territorio; se observan áreas con gran escasez de agua y regiones con frecuentes eventos hidrometeorológicos que significan costosas inundaciones y afectación de asentamientos humanos e infraestructura.

Indica que en “la zona centro-norte del país, donde se concentra 27 por ciento de la población, se cuenta con sólo 32 por ciento del agua renovable; en cambio, en la zona sur, donde existe 68 por ciento del líquido en el país, se asienta sólo 23 por ciento de la población.