En la respuesta a los cuestionamientos de legisladores de oposición en torno al caso Odebrecht y otros escándalos de corrupción que se han suscitado durante el sexenio, el presidente Enrique Peña Nieto afirma que “no puede realizar mayor pronunciamiento al respecto, por la secrecía de la investigación”.

Ante las 43 preguntas parlamentarias que le formularon las bancadas partidistas del Senado, con motivo del quinto Informe de Gobierno y respecto al tema de los escándalos de corrupción en lo que va del sexenio, el Ejecutivo señala que se llamará a cada uno de los involucrados conforme a la ruta crítica de investigación, con base en los tiempos legales normativos, no conforme a momentos políticos.

De esa forma responde al cuestionamiento del PAN de que no se ha visto voluntad política para fortalecer el combate a la corrupción, lo que se refleja en el nulo avance de la investigación de los funcionarios que fueron sobornados por Odebrecht y otros escándalos.

Asegura que el gobierno de la República está comprometido a combatir la corrupción y adoptar las prácticas internacionales que han funcionado en favor de este objetivo, y actúa en el marco de la ley, previniendo, investigando y sancionando a los actores de corrupción en apego a la norma.

Detalla que por medio de la Secretaría de la Función Pública (SFP) se realizan acciones en tres grandes rubros: pesquisas iniciadas, procedimientos de responsabilidades en curso y auditorías. Adicionalmente, destaca, en el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción, se llevan a cabo diversas acciones para sancionar las conductas irregulares detectadas de servidores públicos, en estricto apego al marco legal y respeto a los derechos humanos, buscando en todo momento imponer las sanciones a quienes se alejen de los principios que rigen el servicio público o a los proveedores o contratistas que infringen la ley.

En su respuesta a los panistas, añade: En la Procuraduría General de la República (PGR) se integran diversas carpetas de investigación o averiguaciones previas contra funcionarios o ex funcionarios públicos que una vez que han desviado recursos, los han ingresado al sistema financiero, cometiendo el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita; inclusive algunas carpetas ya se han judicializado.

A la fecha, destaca, se encuentran sujetos a proceso penal federal diversos servidores públicos, en los que para tal efecto se trabaja en el fortalecimiento de la pretensión punitiva del Ministerio Público Federal. No obstante lo anterior, los tiempos para la obtención de las resoluciones definitivas por parte de los juzgadores, no son tempos que administre o correspondan la PGR, en el entendido de que la propia ley impide generar pronunciamientos detallados de las personas involucradas en los procesos correspondientes.