La Comisión de Derechos Humanos (CDHDF) local afirmó que sólo la falta de voluntad política impediría al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, vetar la Ley de Seguridad Interior, la cual por primera vez en la historia ha conjuntado voces nacionales e internacionales en contra.

De no hacerlo, informó su presidenta, Nashieli Ramírez, se acompañará a la comisión nacional en la interposición de un recurso amicus curiae –que abre la posibilidad a terceros que no son parte de un litigio a participar– y el cabildeo en los congresos de los estados para impedir su aprobación.

En el amicus curiae se insistirá en los puntos relacionados con la permanencia y atribuciones del Ejecutivo sobre la permanencia de las fuerzas armadas en los estados y en las calles, y en que la seguridad nacional, según nuestra Constitución, tiene que estar a cargo de las policías, no de los militares, dijo.

Consideró la necesidad de “volverla a discutir, de escucharnos todas las voces para avanzar como país, no pensar que no hay controversia y se renuncie a seguir capacitando para tener un cuerpo policiaco a la altura de una nación que, en términos de seguridad, vive una crisis profunda.

De no haber veto, podríamos hablar de una falta de voluntad política del Ejecutivo federal, afirmó.