La Ley de Reconstrucción, la cual fue rechazada por un grupo de damnificados tras su aprobación por la Asamblea Legislativa (ALDF), fue avalada por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDHDF) local, Nashieli Ramírez, quien consideró que no es anticonstitucional ni viola los derechos humanos de los afectados.

Detalló que a raíz de los sismos, a la fecha el organismo ha recibido 38 quejas, de las cuales siete están relacionadas con procesos de demolición, permanencia en albergues y reposición de los procesos de reconstrucción ante la falta del dictamen definitivo.

Apuntó que no es procedente la demanda que solicitaron los damnificados porque se pide intervenir en un proceso de inconstitucionalidad de la ley, pero no existe una legislación de reconstrucción a escala federal.

En tanto, en su lucha por ser atendidos, ayer los integrantes del colectivo Damnificados Unidos de la Ciudad de México se manifestaron frente a la Asamblea Legislativa para exigir la modificación del presupuesto destinado a la reconstrucción y solicitaron audiencia con el jefe de gobierno de la capital para entablar un diálogo directo en el proceso de reconstrucción de los inmuebles que resultaron afectados.

Dijeron que de acuerdo con los expedientes, existe un universo de entre 700 y 800 edificios catalogados como inmuebles que representan un riesgo para la seguridad de las personas.