Mientras la maestra Elba Esther Gordillo fue enviada a prisión domiciliaria, a su departamento de Polanco, a Leticia Arias Castro, de 75 años, le fue negado ese beneficio, pese a estar enferma y cuya vida corre peligro en el penal de Santa Martha Acatitla, privada de su libertad desde hace año y medio y sometida a un proceso fabricado por la empresa canadiense Minera Electrum para despojarla de sus minas en Durango.

Bajo una estructura legaloide, alimentada por la corrupción de algunas autoridades mexicanas, Leticia Arias sufre una especie de secuestro institucional: fue encarcelada sin pruebas y sin la comparecencia del canadiense presuntamente estafador Robert John Harrington, quien finalmente se apropió de las minas de la familia Silveyra.

La parte contraria nunca ha ido al juzgado, a pesar que se les ha citado en tres ocasiones, ni siquiera el notario que hizo la empresa fantasma, ni el apoderado se han presentado. Inventaron un caso. Están acusando a mis padres de un fraude que no hicieron, y que la empresa canadiense sí hizo porque creó una empresa fraudulenta llamada Minera Indé de Durango, con un representante de la familia Silveira que no existe para despojarnos de las minas, dice en entrevista con La Jornada, Alexica Silveyra Arias.

El 18 de agosto de 2009, su padre Francisco Silveira Ibarra, fue engañado y celebró un contrato de explotación y promesa de asociación entre las empresas Minera Electrum y Minera Scorpio y Comercializadora y Arrendadora Parral, estas dos últimas empresas, propiedad del matrimonio y sus tres hijos, Ernesto, Francisco y Alexica.

Sin embargo, dicho contrato fue cancelado por la vía legal el 17 de diciembre de 2014, debido a que los canadienses no invirtieron la cantidad acordada de 4 millones 700 mil dólares al proyecto de producción de mil toneladas de mineral por día. Aparentemente el asunto había quedado ahí; sin embargo, el 24 de marzo de 2015, la empresa canadiense los demandó por fraude de 100 millones de pesos, con la averiguación previa: FAZ/URI-AZ-3/T1/511/14-08.

Para sostener el caso, crearon la sociedad fantasma Minera Indé de Durango ante el notario público 19 de la Ciudad de México, Alessio Robles Miguel, con domicilio en Eugenio Sue número 342 de la colonia Polanco, en la Delegación Miguel Hidalgo y con un supuesto representante legal de la familia Silveyra llamado Arturo Rosas Barrientos, a quien nadie ha visto ni conoce y que probablemente no existe.

Finalmente, el 7 de marzo, los canadienses, representados en México por el abogado Luis A. Cervantes, del bufete Cervantes Sainz, con domicilio en Torre del Bosque, Bulevar M. Ávila Camacho, en Lomas de Chapultepec, donde Harrington recibe notificaciones, despojó con hombres armados a los Silveyra de sus minas en Indé, Durango.

Nos despojaron del patrimonio de toda una vida, y que queríamos para nuestros hijos, dice Leticia Arias Castro, vía telefónica, desde la cárcel de Santa Martha y añade: La corrupción me mantiene aquí. Ellos se quieren quedar con las minas. Y tienen mucho dinero por eso me mantienen en prisión para que mi familia seda las minas. Es un chantaje injusto.

La pesadilla

Hace año y medio, Leticia radicada en Chihuahua, iba pasando el puente rumbo a El Paso,Texas en Estados Unidos, y fue detenida junto a su hijo Ernesto. Ambos estuvieron un año y tres meses en un centro de internamiento para inmigrantes indocumentados, a la espera de que las autoridades resolvieran su petición de asilo político.

Aunque el gobierno estadounidense les negó el asilo, su hijo se amparó y quedó libre; ella, a pesar de tener tres amparos, fue retenida diez días en la frontera y posteriormente entregada a las autoridades mexicanas.

Leticia recuerda ese día como el más denigrante de su vida: “Mi traslado fue tremendo, era como si yo fuera El Chapo Guzmán. Me entregaron en el puente esposada, custodiada con seis hombres cubiertos de la cara con unos rifles grandotes. Me llevaban con una camioneta adelante y otra atrás, no me les fuera a escapar. ¡Imagínate! Fue la cosa más denigrante que he pasado en toda mi vida”.

El pasado viernes 13 de octubre a la una de la mañana, Leticia fue ingresada al penal de Santa Martha. Alexica recuerda ese momento como uno de los más angustiantes:

Como no hubo tiempo de dejarle dinero y en la prisión todo cuesta, tenía hambre, pues no había comido, hacía frío y la pusieron en una celda con mujeres drogadictas; además le quitaron todos sus medicamentos de golpe y por ello estuvo diez días muy enferma, desmayándose continuamente, con dolor de cabeza.

Añade: “Está desecha, no para de llorar y tiene mucho miedo. Me llamó un día pidiéndome 3 mil pesos para pagarle a una custodio para que no la cambiaran de celda, al final fueron mil 500 y se los depositamos, pero a media noche la cambiaron de celda sin avisarle al abogado ni al juez.

El caso de Leticia está radicado en el juzgado 59, por el juez Carlos Yarza Carranza, en la causa penal 134/2015. El juez tiene un paso cuestionable, pues el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (CJDF) lo sancionó en 2005 por haber beneficiado a un presunto homicida, al incurrir de manera incorrecta en la prescripción de un delito.

Para mi mamá sería la segunda Navidad sin sus hijos y sus nietos: Alexica Silveyra AriasFoto Sanjuana Martínez

Este juez le negó la prisión domiciliaria a mi mamá y nos fuimos al amparo y a la apelación, cuando presentamos los testigos que queríamos, estaba incluido el canadiense Robert John Harrington, pero el juez dijo que a él no lo podíamos citar. Y a partir de entonces, su actitud cambió muchísimo hacia mi mamá. Ahora la levantan a las 4 de la mañana para hacer notificaciones que podían mandárselas por escrito.

El canadiense está defendido además por los hermanos Tomas y Lourdes Vega, quienes mantienen una excelente relación con el juez Yarza Carranza: Ellos se mueven con tranquilidad y con una excelente relación con el juez. La secretaria del juzgado siempre nos dice que la parte contraria quiere negociar. Claro, dejar libre a mi mamá y a cambio entregarles las minas, dice Alexica.

Añade: Lo que está viviendo mi mamá es una extorsión y el que la mantengan en esa prisión es un secuestro. Por la edad que tiene ni siquiera debería haber pasado más de 72 horas. Está en riesgo su vida, la han intentado tirar de las escaleras, se tiene que encerrar con candado porque de lo contrario se meten y les roban todo. Y por qué dicen que las van a atacar. Mi mamá está viviendo una historia de terror. Su vida corre peligro. Hay gente destinada en la cárcel para hacerle la vida difícil y así sustentar la extorsión. Eso también es ilegal.

Comenta que la salud de su madre sigue deteriorándose poniendo en riesgo su vida: Tiene presión alta y debe tomar medicación diaria. Le baja el hierro y le suben las plaquetas y no sabemos por qué, padece gastritis y esofagitis crónica. Tiene la cadera operada con clavos y se muere de frío y cada vez que baja las escaleras se siente aterrorizada por la amenaza de que la van a tirar si no paga 50 pesos.

Añade: Me parece terrible que teniendo la edad que tiene, ni el magistrado ni el juez, hayan tenido tiempo para verlo. No hay argumentos jurídicos para mantenerla en prisión. No funciona ninguna ley más que por el monto de compra de las autoridades y de corrupción. Con la impunidad que se mueven a base de estar comprando jueces, notarios, magistrados y fiscales. ¿Qué posibilidad tenemos de obtener justicia? Hay un contubernio con la empresa canadiense que va comprando autoridades mexicanas. ¿Dónde está la justicia? Existe para los que tienen dinero o poder político. El sistema de justicia mexicano está apoyando a un canadiense que está robando a unos mexicanos.

Amenazas y chantaje

La familia Silveyra está dedicada a la minería desde hace cuatro generaciones: Harrington sigue en posesión de las minas despojadas y de la planta principal.

Alexica explica que las autoridades mexicanas lo han permitido:Han intentado vender mineral a compañías que conocemos, pero en cuanto se dieron cuenta que es mineral robado, la operación se cancela. Sin embargo, Roberto John Harrington, ya se mueve como si las minas fueran de él. Hace citas en Londres con grandes compradores de mineral, a pesar de que tiene tres demandas penales, y las autoridades de Durango no le hacen nada.

Cuenta que el abogado Luis A. Cervantes ha amenazado a su hermano Francisco y les dijo: Ya sabemos que lo del despojo no está firme, pero no pasa nada, uno o dos muertos y se vuelve a tomar las minas, en caso de que las perdamos.

En entrevista, su abogado David Peña Guzmán, explica que el 15 de octubre se le dictó auto de formal prisión, pero el artículo 75 Bis del Código Penal de la Ciudad de México, establece que cuando una persona tiene más de 70 años o tiene una condición de salud precaria puede llevar el proceso en prisión domiciliaria”.

Ella no es culpable de nada. La ley dicta jurisprudencia y los tratados internacionales permiten que la persona de esta edad pueda estar en su casa, mientras enfrenta este proceso.

Dice que presentaron un incidente sustentado con pruebas, incluido un peritaje donde se deja claro que no existe el riesgo de fuga, pero el juez Yarza Carranza negó la prisión domiciliaria argumentando que había riesgo de fuga: Este es un caso de derecho corporativo que intentan pasar a materia penal y se está resolviendo sin tener los elementos. No hay una sóla prueba contra ella, no hay un sólo estado de cuenta del supuesto fraude por 100 millones de pesos.

Esta decisión la combaten en una apelación ante el magistrado Rafael Guerra de la Sala Séptima Penal, con audiencia de vista el pasado 30 de noviembre, pero a pesar de ello, Leticia sigue todavía en prisión.

Sería la segunda Navidad sin sus hijos y sus nietos para Leticia Arias, quien no puede contener el llanto: Lo que más me duele es lo que están sufriendo mis hijos, también por eso quiero salir, porque se están desgastando mucho. Yo soy inocente, no hice nada, como otras mujeres inocentes que hay aquí.