La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se declaró ayer en alerta máxima tras la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) e hizo un llamado a organizaciones sociales y sindicales para formar un frente común y detener su implementación.

Por su lado, la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) informó que presentará una acción de inconstitucionalidad contra esa norma, la cual consideró regresiva y violatoria de los derechos humanos.

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda, lamentó, a su vez, que la ley no refleje las opiniones de los especialistas en derechos humanos, como la del Alto Comisionado de Naciones Unidas en la materia, aunque parte de los legisladores de su partido votaron en favor del proyecto.

El líder del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, responsabilizó a PRI, Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y algunos legisladores del PAN de poner en riesgo la estabilidad del país con la aprobación de esa norma.

Le están apostando a un control que raya en un régimen dictatorial, donde el gobierno hará uso ilegítimo de la fuerza para someter a lo que ellos denominan actos de resistencia, sostuvo.

Mientras, el colectivo Seguridad sin Guerra reiteró sus críticas al documento y señaló que no respeta ni la Constitución ni los tratados internacionales, amenaza los derechos humanos y no soluciona los problemas de inseguridad que vive la nación.

En conferencia de prensa, dirigentes la CNTE afirmaron que habrá respuesta clara y contundente a la decisión de diputados y senadores. Si quieren estallido social, lo van a tener.

Los secretarios generales de Chiapas, Pedro Gómez Bámaca; de Michoacán, Víctor Manuel Zavala; de la Ciudad de México, Enrique Enríquez, y de Guerrero, Arcángel Ramírez, afirmaron que el magisterio disidente realizará una labor hormiga para explicar a alumnos, padres de familia y comunidades las implicaciones que tendría para la población permitir que apliquen esta ley, cuyo único propósito es mantener sometidos y silenciados a todos los mexicanos.

La CNTE, dijeron, también promoverá actos de protesta en los estados y anunciaron que acudirá a órganos nacionales e internacionales para que no se instrumente la LSI.

En un comunicado, Damián Zepeda puntualizó que este tema debió abordarse con mayor cuidado y no de manera precipitada.

Reconoció la actitud de la mayoría de los diputados que integran la coalición Por México al Frente, quienes con el propósito de propiciar mayor reflexión trataron de impedir que se llevara a cabo la sesión en San Lázaro, así como de los senadores que defendieron esta postura.

En los estados, el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, estimó que la aprobación de la ley no es una buena noticia para el país, porque la intervención directa del Ejército en tareas de seguridad pública genera riesgos de abusos y violaciones a derechos humanos. Por su lado, el ex procurador de justicia de Zacatecas, Aquiles González Navarro, puntualizó que esta norma implica, en la vía de los hechos, la militarización de la nación y va en contra de los principios de legalidad y orden civil que México ha suscrito ante organismos multilaterales.