Con el tiempo encima, en sesión maratónica de más de 16 horas, el Senado aprobó la Ley de Seguridad Interior (LSI) sólo con los cambios impulsados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya que se desecharon las modificaciones propuestas por la oposición a la mayor parte del articulado de esa norma que legaliza la participación del Ejército en el combate al crimen organizado.

El coordinador del PRI, Emilio Gamboa Patrón, logró la mayoría necesaria con los votos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y de ocho legisladores de Acción Nacional (PAN) afines a Ernesto Cordero para sacar esa nueva ley en el último día de sesiones, y remitirla a la Cámara de Diputados, donde se allanaron los cambios.

Setenta y seis oradores participaron en el debate, que se inició antes de las tres de la tarde del jueves y concluyó después de las seis de la madrugada de ayer viernes.

Los panistas votaron divididos y se confrontaron ante el pleno. Los senadores Juan Carlos Romero Hicks, Adriana Dávila, Laura Angélica Rojas, Víctor Hermosillo, Daniel Ávila y Raúl Gracia expresaron en tribuna que votarían en contra, porque se trata de una ley inconstitucional.

Buscamos que las fuerzas armadas actúen al amparo de la legalidad y consideramos que este proyecto no es lo que ellos merecen, recalcó el coordinador panista, Fernando Herrera.

Se avanza a un Estado policiaco, expuso a su vez el senador Ávila, quien pidió no imponer a México mano dura y control militar. La historia registrará este atropello, insistió.

En cambio, el también panista Roberto Gil Zuarth reiteró su argumentación jurídica en favor de la ley; advirtió que no es intelectualmente honesto plantear que los militares deban regresar a sus cuarteles mientras las corporaciones policiacas no se hayan capacitado para asumir esa tarea. De nueva cuenta, un priísta, esta vez Marco Antonio Olvera, calificó de extraordinaria la intervención del blanquiazul.

“Lo que están haciendo al aprobar esta ley es mandar al diablo a las instituciones internacionales, mandar al diablo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la Organización de Estados Americanos (OEA) y mandar al diablo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), advirtió el senador del PT-Morena Mario Delgado, luego de presentar testimonios de violaciones graves a garantías constitucionales cometidas por militares.

Ustedes saben muy bien que esta ley no va a mejorar la seguridad y va a seguir exponiendo al Ejército mexicano a estas violaciones de derechos humanos, recalcó.

Qué lamentable, qué terrible que este gobierno termine de esta manera, con la aprobación de una ley que militariza el país, que vulnera los derechos humanos y que pone en riesgo nuestra paz social, expuso a su vez el vicecoordinador del PT-Morena, Miguel Barbosa.

Subrayó que la LSI pone en riesgo la institucionalidad de las fuerzas armadas. Hace casi 50 años, el gobierno priísta de Gustavo Díaz Ordaz cometió un grave error al instruir al Ejército reprimir a los estudiantes en 1968 y hace más de 10 años y a la luz de los resultados, fue un terrible equívoco, de Felipe Calderón colocar sobre las espaldas de nuestro Ejército la lucha en contra del narcotráfico.

Durante las últimas tres horas de la discusión, los senadores Manuel Bartlett, Dolores Padierna, Rabindranath Salazar, Benjamín Robles, Fidel Demédicis, Layda Sansores y Mario Delgado, del PT-Morena, así como de los perredistas Luis Sánchez, Angélica de la Peña e Isidro Pedroza, presentaron reservas para modificar los 34 artículos y cuatro transitorios que conforman esa ley.

Cada uno de ellos insistió en modificar todo el articulado, especialmente los artículos 15, 21, 22 y 23, donde se establece que los operativos militares podrán mantenerse de forma permanente en alguna entidad o región, vía prórrogas, pero las propuestas fueron desechadas. Son refritos, se repiten, gritaban los priístas.

A las seis de la madrugada con 12 minutos de ayer viernes, la minuta se aprobó con 71 votos en favor, 34 en contra y tres abstenciones, y se regresó a San Lázaro.