s gratuito que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, todos los centros de derechos humanos serios en México –incluyendo a la misma CNDH–; los investigadores nacionales que trabajan temas de seguridad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el CIDE, la UAM y la Ibero, los comentadores más reconocidos de los principales diarios nacionales y un sinfín de activistas sociales y artistas se manifiesten en contra y se muestren preocupados por la aprobación de la llamada Ley de Seguridad Interior? Es sintomático que la discusión se realice en un ambiente de oídos sordos. La estructura política del PRI se comporta como una maquinaria de fuerza para aprobar a como dé lugar una ley de fuerza: es la cacofonía de la tiranía anunciada.

La Federación queda anulada. Ya llevamos algunos años edificando un Estado centralista en todos los órdenes, desde el ninguneo de los municipios, la reversa de los procesos del federalismo educativo y de la salud, y la estructura hacendaria donde gobierno federal recoge 92 por ciento de los impuestos del país. Pues ahora, con la seguridad se asoma un centralismo vertical y autoritario. Con el argumento del miedo a la delincuencia, se impone un monstruo que funcionará con la misma mecánica que dice atacar: el miedo.

¿La militarización que ya tiene años ha resuelto en algo el problema de la seguridad pública? En Zacatecas se destinaron 5 mil 300 millones de pesos para armar infraestructura a una estrategia militarizada, pero la violencia aumentó. Ahora nos dicen que harán más de eso que hemos visto que trae consecuencias contraproducentes, con el agravante de que ahora no sólo sacrificaremos los presupuestos, sino la soberanía de los estados y adoptaremos el riesgo de dejar en manos de un poder semi-autónomo (el mando militar) la seguridad pública que, en pasos subsecuentes, puede muy bien evolucionar al control del territorio nacional. Zacatecas es ejemplo de lo que no debe hacerse. Ahora pretenden la institucionalización de la letalidad.