a hubo indicios en marzo de este año, con la profusión mediática de cuestionamientos a la continuidad del juzgamiento a los genocidas argentinos, de la mano de la defensa de la legitimidad de la represión ante quienes vulneran el orden. Parecía una discusión sobre el pasado, pero no lo era. Se buscaba quebrar un consenso construido desde 1983: la no aceptación de la represión abierta ante la protesta social.

Luego fue el ataque a los indígenas mapuches, en el sur del país, que se cobró el primero de septiembre un desaparecido (Santiago Maldonado), quien luego apareció ahogado en el río en circunstancias todavía no aclaradas. Durante los largos meses de su búsqueda, se lanzó una campaña de persecución a los docentes que intentaban preguntarse en escuelas de todo el país, dónde estaba Santiago Maldonado. Se planteó que dicha pregunta era política y se instó a padres y estudiantes a denunciar a los docentes que mencionaban la situación en el aula. Se desató una campaña de delación en redes sociales, se creó un número de teléfono del aparato estatal para llevar a cabo las denuncias y se sancionó a algunos docentes.

Al mismo tiempo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmaba que no relevaría a ningún oficial de la fuerza sospechada (Gendarmería) y circulaba versiones sobre que Maldonado estaba en Chile, habiendo pasado a la clandestinidad con fuerzas terroristas, de todo lo cual no se aportó ninguna información fidedigna.

El 25 de noviembre, en otro operativo en el sur del país, la Prefectura asesinó a Rafael Nahuel, un joven mapuche. Otra vez la versión oficial fue que se trató de un enfrentamiento con grupos terroristas que atacaron con lanzas, boleadoras y gritos de guerra y se afirmó que contaban con armas de grueso calibre. Las pruebas forenses sobre el cuerpo de Nahuel demostraron que el tiro había ingresado por la espalda y las pericias en el lugar del hecho no pudieron encontrar vainas de otros disparos que los de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, sostuvo que había que otorgar el beneficio de la duda a las fuerzas de seguridad. Y no hubo una sola declaración gubernamental de condena.

El intento de aprobar una reforma previsional que le quita al sistema de jubilaciones y pensiones y a los beneficiarios de ayudas sociales alrededor de 100 mil millones de pesos trajo la lógica represiva desde el sur hasta el propio centro de Buenos Aires, donde ya se había ejercitado en pruebas previas durante todo el año.

Este 13 de diciembre un conjunto de organizaciones sociales marcharon por la Avenida 9 de Julio y se encontraron con la represión de la Gendarmería con perros, gases lacrimógenos y balas de goma, hiriendo entre otros a dos diputados nacionales de distintos partidos de oposición: Leonardo Grosso y Victoria Donda.

Pero eran apenas los preparativos del día del tratamiento de la ley, el 14 de diciembre, cuando estaba anunciada una movilización masiva ante el Congreso para expresar el disgusto popular. Los gases lacrimógenos, balas de goma, gas pimienta y detenciones se sucedieron durante toda la tarde y siguen al momento de escribir esta nota. La novedad con respecto a otras situaciones de tensión ha sido el ataque indiscriminado a representantes populares, incluso en momentos en que intentaban ingresar al Parlamento para participar del debate. Los diputados Pietragalla, Mendoza, Rodríguez, Huss y Moreau sufrieron distintos tipos de agresiones.

Mientras el jefe de Gabinete, Marcos Peña, justificaba la represión y acusaba a los diputados opositores de piqueteros, se podían observar las imágenes de la represión masiva en las inmediaciones del Congreso con decenas de detenidos, rociados por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones para luego ser cazados al desconcentrarse. Los organismos de derechos humanos no están obteniendo respuesta de las autoridades acerca de los lugares de detención de las personas a las que masivamente están arrestando las fuerzas de seguridad, al tiempo que circulan informaciones de todo tipo y hay decenas de heridos.

Lo más preocupante es que hasta el momento de la represión masiva, muy pocos medios de comunicación transmitían lo que ocurría en las inmediaciones del Congreso, luego de una fuerte ofensiva de dos años que ha limitado drásticamente la pluralidad de voces en el universo mediático argentino.

El gobierno macrista fue legitimado en las urnas hace menos de dos meses y ha leído dicha legitimación como una autorización para avanzar sobre los límites de la democracia argentina, enfrentando cualquier protesta social con una represión abierta y creciente, dispuesta incluso a tomar vidas, como las de Santiago Maldonado o Rafael Nahuel. El huevo de la serpiente corroe por dentro a la democracia argentina y sólo una respuesta rápida, masiva y contundente podrá impedir su destrucción.

*Director del Centro de Estudios sobre Genocidio, y experto independiente por las Naciones Unidas para la elaboración de las bases de un Plan Nacional de Derechos Humanos argentinos