El gobierno federal defendió ayer el proyecto de ley de seguridad interna que se analiza en el Congreso y le otorgó pleno y firme apoyo, pues busca reglamentar y limitar la temporalidad de las operaciones que llevan a cabo las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado.

Ante el rechazo que organismos nacionales e internacionales han manifestado contra el dictamen que discute el Senado, explicó que se han introducido diversos cambios al proyecto, los cuales dejan en claro la importancia del respeto a los derechos humanos y acotan el papel del Ejército y la Armada a situaciones en las que sea absolutamente indispensable, mediante procedimientos claros previstos en el documento.

También destacó que ha enviado información relacionada con el tema a instancias como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.

En un comunicado conjunto de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como de la Procuraduría General de la República, el gobierno federal señaló que se ha explicado a las organizaciones multilaterales y nacionales que en la aplicación de la ley de seguridad necesariamente deberá regir lo dispuesto en el artículo primero constitucional y otras disposiciones fundamentales que garantizan la promoción y protección de las garantías fundamentales de las personas.

Las autoridades mexicanas ratificaron su compromiso de continuar el diálogo y la cooperación con estos mecanismos y con los actores interesados, así como con la sociedad civil en su conjunto.

Respuesta al ACNUDH

Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como la Procuraduría General de la República dieron a conocer una carta dirigida al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en la que el gobierno mexicano le reprocha haberse pronunciado sobre el contenido de la ley sin que haya concluido el proceso legislativo.

Luego de que el comisionado pidió no aprobar dicho proyecto, las autoridades federales le señalan que en su solicitud no tomó en cuenta las dimensiones de las amenazas a la seguridad interna que se deriva de la actividad del crimen organizado.

Fechada el 5 de diciembre pasado, la carta del gobierno rechaza que la minuta lleve a la militarización de la seguridad pública. Considera que no es correcto afirmar que afectará negativamente los derechos humanos. Por el contrario, el propósito es que el Estado cuente con un mecanismo adicional que permitirá salvaguardar la seguridad interior, la seguridad pública y el orden público, que constituyen requisitos esenciales para el goce efectivo de las garantías individuales.

Insiste en que la jurispridencia internacional y la emitida por la Corte Interamericna de Derechos Humanos no prohíbe a los Estados recurrir a las fuerzas armadas, mientras éstas se sujeten a los estándares de derechos humanos.

Subraya que el proyecto no tiene por finalidad que el Ejército y la Armada asuman un papel policiaco permanente, sino limita a un año la duración de sus intervenciones.

Respecto de las labores de inteligencia, agrega que propone utilizar métodos lícitos para obtener información. Las fuerzas armadas están imposibilitadas para actuar contra protestas sociales pacíficas, puntualiza en la misiva.