Integrantes de dos grupos de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y cinco relatores especiales del organismo llamaron al Estado mexicano a no aprobar la ley de seguridad interior.

En un hecho sin precedente, los expertos de la ONU emitieron ayer por la mañana un posicionamiento conjunto en el que advierten que la experiencia de la década reciente demuestra que la presencia de militares en labores de seguridad ha dejado una sistemática y generalizada serie de abusos, traducida en ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas, entre otras violaciones, la mayoría de ellas en la impunidad.

Señalan que la ley daría a las fuerzas armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad, lo que podría debilitar la protección de los derechos humanos; además de que pondría barreras a la rendición de cuentas. Llaman a reforzar el papel de las policías civiles y a abrir a un diálogo público en el que se incluya a todas las voces.

Resulta muy alarmante que una iniciativa legislativa de tal envergadura, con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos, se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos e internacionales.

El documento, fechado en Ginebra, Suiza, es firmado por los expertos de los grupos de trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y Detención Arbitraria; así como por los relatores especiales sobre derecho a la privacidad, Joe Cannataci; situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst; ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnès Callamard; promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff; y promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye.

El creciente papel de las fuerzas armadas, en ausencia de mecanismos de control y rendición de cuentas, podría provocar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se les asignó un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad.

Indican que la ONU ha recomendando durante años que se restrinjan las funciones de las fuerzas armadas a las tareas propias de su misión, y que se investigue y sancione debidamente a quienes hayan cometido violaciones de derechos humanos, incluidos numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y otras formas de malos tratos.

Manifiestan su preocupación porque la legislación, que anoche se discutía en el Senado, otorgue a las fuerzas armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles.

La minuta no prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial, y, al catalogar de seguridad nacional toda la información resultante de la aplicación de la ley, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público.

Además, consideran, es un proyecto ambiguo en ciertos puntos y contiene una definición excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza, incluso en el contexto de movilizaciones de protesta.