Buenos Aires.

En un día considerado de vergüenza nacional, con un Congreso sitiado por fuerzas de seguridad federal desde la noche del miércoles –algo nunca visto en los pasados 34 años en Argentina– y una represión brutal que duró más de nueve horas y dejó decenas de heridos y detenidos, el gobierno del presidente conservador Mauricio Macri fracasó en su intento de sesionar para votar la reforma previsional, después de un duro enfrentamiento dentro del recinto de los diputados, y cuando el oficialismo trataba de continuar sin el quórum necesario, mientras se escuchaban detonaciones ensordecedoras afuera, como si se librara una batalla campal.

En medio de una nube de gases disparados por la Gendarmería, que desplegó a 900 efectivos, el levantamiento de la sesión fue festejado por miles de jubilados, sindicalistas, activistas de derechos humanos y trabajadores, cuya pacífica marcha fue impedida de llegar al Congreso. Celebraron la primera batalla ganada en su lucha para impedir que se afecte a los sectores más vulnerables del país. Sólo hubo respuestas duras a la gendarmería de varios grupos de jóvenes que arrojaron piedras en otro sector del Congreso. La represión fue una de las más feroces de años recientes.

Infierno adentro, infierno afuera, titulaba Crónica TV, mientras el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Emilio Monzó, pasada la media hora reglamentaria dijo que había alcanzado el quórum, lo cual no era cierto; dos diputados opositores eran atendidos en la enfermería del Congreso: Matías Rodríguez, del Frente para la Victoria (FpV), quien se desmayó tras la golpiza que le propinaron los gendarmes al llegar al edificio, y su colega Mayra Mendoza, a quien arrinconaron y rociaron el rostro con gas pimienta.

La diputada Victoria Donda, hija de desaparecidos, fue pateada el miércoles por gendarmes y llegó este jueves en muletas al recinto, gritando a Monzó que no se podía sesionar en esas condiciones, mientras miles de manifestantes eran reprimidos afuera.

Gritos, insultos y hasta un golpe dado por Monzó al diputado Leopoldo Moreau, de Unidad Ciudadana, daba cuenta de la furia que también se vivía en el recinto.

Además, fueron golpeados por los gendarmes los diputados Darío Martínez y Horacio Pietragalla, quien salió a pedir a la Gendarmería que detuviera la represión, y que no se llevaran detenido a un joven indigente.

Pietragalla, también hijo de desaparecidos, fue acorralado, golpeado y le rociaron gas pimienta a sólo centímetros de la cara. El fotógrafo de Página/12 Pablo Pirovano fue alcanzado por 12 impactos de balas de goma, y son más de siete los fotógrafos heridos.

Hoy nos tocó vivir una jornada represiva que nos hizo recordar las trágicas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, sostuvieron los organismos de derechos humanos que exigieron al presidente Mauricio Macri el cese inmediato de la represión a los manifestantes que fueron a protestar contra el ajuste previsional, que afectará a 17 millones de personas, más de un tercio de la población. También pidieron la inmediata libertad de todos los detenidos y la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Los organismos indicaron, en un comunicado, estar convencidos de que la participación y la movilización popular frenará estos retrocesos en materia de derechos humanos, y se solidarizaron con todos los manifestantes, trabajadores de prensa y diputados reprimidos.

El jefe de la bancada de Unidad Ciudadana, Agustín Rossi, repudió el fenomenal operativo de represión dispuesto por el gobierno alrededor del Congreso y denunció que el oficialismo “nunca tuvo quórum” para debatir la reforma previsional, adelantando también que pedirán juicio político contra la ministra Bullrich.

Acusó a la administración Macri de haber generado en forma permanente, desde diciembre de 2015, cuando asumió el gobierno, una política de violencia institucional, y advirtió que ha tomado ese camino. Es un hecho inaudito en 34 años de democracia, concluyó.

La Confederación General del Trabajo (CGT), varios de cuyos gremios acompañaron la movilización, ante la suspensión de la sesión en la Cámara de Diputados, canceló la convocatoria a un paro nacional fijado para este viernes, aunque advirtió que si el presidente Macri utiliza un decreto de necesidad y urgencia para imponer esta reforma que afecta gravemente los salarios a los jubilados, se realizará un paro nacional mañana mismo y se creará un programa de lucha.

Los gremios de la CGT denunciaron y repudiaron la militarización del Congreso y pidieron que los excesos de las fuerzas de seguridad deben pesar sobre la cabeza de la ministra de Seguridad.

Después del final de la sesión en la Cámara de Diputados, centenares de jóvenes siguieron agrupándose para llegar al Congreso, que consideraban como el lugar donde el pueblo debe expresarse en una acción de valentía y coraje muy similar a lo ocurrido el 20 de diciembre de 2001, cuando al grito de que se vayan todos cayó el gobierno de Fernando de la Rúa, dando paso a la más grave crisis de la historia de Argentina.

Los manifestantes regresaban para permanecer en vigilia pacíficamente delante del Congreso, ante la posibilidad de que el oficialismo intentara sesionar en la noche, en ausencia de la oposición, para sacar –sí o sí, como había ordenado Macri– una ley rechazada por 80 por ciento de la población.

Cada vez que llegaban y se instalaban ante las vallas, cantando o gritando, pero sin ejercer violencia, la gendarmería volvía a salir utilizando los camiones hidrantes, y comenzaba una cacería lanzando gas lacrimógeno, a la vez que disparaban balas de goma desde atrás de las vallas, como si estuvieran en una guerra, y detenían a quien encontraban a su paso. Así transcurrió toda la tarde.

Más aún, gendarmes se apostaron en la terraza de un edificio que está frente al Congreso, para desde ahí disparar contra la muchedumbre, aseguró el diputado el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño.

Además, se incorporaron las motocicletas de la policía federal, que recorrían hasta siete u ocho cuadras disparando balas de goma y arrestando a quien se cruzara en su camino, participara o no en la marcha. Los detenidos fueron brutalmente golpeados; tres indigentes corrieron la misma suerte. Varias mujeres fueron arrestadas. Abogados de los sindicatos y de derechos humanos recorrían, la noche de este jueves, comisarías y hospitales. Hay muchos detenidos que al cierre de esta edición no se sabe dónde están.

Y como si algo faltara en este escenario, el juez de turno que quedó a cargo de los detenidos es el antikirchnerista Claudio Bonadío, denunciado esta semana por llevar a prisión a ex funcionarios públicos ilegalmente y amenazar con hacer lo mismo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, también fue un día de furia cuando se quiso votar en la Cámara de Diputados una serie de leyes que también golpeaban a sectores vulnerables y a los trabajadores.

Por la noche, Macri sostuvo una reunión con el jefe de gabinete, Marcos Peña, y con los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Obras Públicas, Rogelio Frigerio, entre otros, para analizar la firma de la reforma previsional vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), en el que se contemplaría un bono para los jubilados. Circuló la versión de que el Ejecutivo intentará llevar la polémica iniciativa a la Cámara de Diputados nuevamente el próximo lunes. Lo grave es que a pesar de todo lo que se vio este jueves el gobierno acusa a la oposición de ejercer la violencia y no se hace cargo de nada. Aún en las últimas horas de la noche de este jueves circulaban motocicletas y patrullas policiales en Buenos Aires y aún se sentía el efecto de los gases en las calles marcadas por la represión.