Ayutla de los Libres, Gro.

Después de cuatro años preso, acusado de secuestro y otros delitos, Arturo Campos Herrera, promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), abandonó la cárcel la tarde de ayer por orden de un juez de Tlapa.

Se le decretó libertad absoluta, pues no se acreditó uno de los elementos fundamentales de la acusación de secuestro, informó Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Agustina García, esposa de Campos Herrera, y dos de sus cuatro hijos lo recibieron con lágrimas, al lado de integrantes de organizaciones políticas y abogados de Tlachinollan.

El dirigente, de 46 años de edad, agradeció el apoyo que recibió mientras estuvo preso en varios penales del país tras su detención, en diciembre de 2013. Lo que sigue es luchar por los demás compañeros que siguen presos. Somos inocentes y por eso nuestra libertad no se logró en una negociación con el gobierno, sino porque demostramos con pruebas contundentes que nunca existieron los delitos de que nos acusaron.

En Guerrero la policía comunitaria tiene un marco normativo que le da sustento jurídico: la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas del Estado. Por ello, sostuvo el activista, su actuación en el ejercicio de sus funciones debe ser homologada con actos de autoridad.

Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan, llamó al Congreso local a aprobar la Ley 701 que impulsa la CRAC-PC para que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas, pues el fallo del juez demostró que la lucha de la CRAC y sus líderes es legítima.

Si se reconoce a la CRAC, continuó, se demostrará que en Guerrero hay una alternativa a militarizar el estado con la Ley de Seguridad Interior.

Vidulfo Rosales, abogado de Tlachinollan, dijo: Los jueces federales, los juzgados de distrito, reconocen a la CRAC como autoridad plenamente establecida, que puede ejercer actividades de seguridad y justicia.

Ese criterio se logró a pulso en varios procesos que Arturo Campos enfrentó, al igual que los seis compañeros liberados en meses pasados. Hay un caudal de resoluciones y precedentes jurídicos en tribunales federales, que sirvieron para obtener la libertad de Arturo Campos.

De la misma forma, sostuvo, quedó en evidencia que el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero utilizó el sistema de justicia y los penales federales para criminalizar a la CRAC y sus sistemas normativos. También se exhibió que en México hay un uso excesivo de prisión preventiva. Arturo Campos estuvo cuatro años preso, solamente siendo investigado, sin que se le haya probado nada.

En 2008 grupos de la delincuencia organizada invadieron las comunidades de la región, lo que llevó a Arturo Campos a buscar información acerca de la CRAC-PC y su sistema de seguridad y justicia. El 22 de diciembre de 2012, en la comunidad de La Concordia, se creó la casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla.

El 21 de agosto de 2013, fuerzas de seguridad allanaron la casa de justicia de El Paraíso y detuvieron a más de 60 funcionarios comunitarios. Varios fueron trasladados a penales de máxima seguridad.

Arturo Campos demandó liberarlos y el primero de diciembre de 2013, en un mitin, fue detenido y trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano.