Con el voto en favor del PRI y aliados, el Senado aprobó en comisiones la ley de seguridad interior que hoy se discutirá en el pleno, en alguna de las sedes de esa cámara del Congreso.

Por la noche, el presidente del Senado, Ernesto Cordero, citó a sesión a las 11 horas de este jueves para aprobar la ley, pero dejó entrever que podrían sesionar en otra sede, en Donceles o en otro sitio, ante la amenaza de organizaciones opositoras a la ley de que impedirán la entrada de legisladores al edificio de Reforma e Insurgentes.

Antes, durante más de cinco horas, senadores de PT-Morena, PRD y algunos panistas, entre ellos Juan Carlos Romero Hicks, trataron de posponer la discusión de la controvertida ley que, afirmaron, no resolverá el problema de violencia e inseguridad. En cambio, resaltó Miguel Barbosa, es la entrega del control político de los territorios de México al mando militar.

Los opositores pidieron, sinéxito, abrir el diálogo y escuchar los llamados a no aprobar esa ley de los principales organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, así como de expertos.

El PRI, con los votos del PVEM y parte del PAN, impuso la mayoría en las comisiones de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos Segunda, para aprobar en lo general y sin cambios la minuta que les remitió la Cámara de Diputados.

Los cambios a nueve artículos consensuados por PRI y PAN, junto con otras reservas que presentarán senadores de oposición, entre ellas un transitorio para obligar a los estados a que participe el Ejército en el combate a la inseguridad y profesionalizar los cuerpos policiacos, se discutirán en la sesión de hoy, dijo la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz.

México requiere paz, seguridad ciudadana, certeza jurídica y esta ley no lo garantiza, recalcó Romero Hicks, y calificó de malos parches los cambios a la minuta.

El senador Alejandro Encinas, el coordinador perredista Luis Sánchez, así como Dolores Padierna y Benjamín Robles, de PT-Morena, manifestaron que los cambios son insuficientes ante disposiciones jurídicas ambiguas, ya que no generan control y supervisión de los derechos humanos.

Romero Hicks y Encinas presentaron un voto particular en el que advierten que en vez de legalizar lo ilegal se debe fortalecer a los cuerpos policiacos. Mencionaron el informe mundial de Human Rights Watch, de 2017, el cual indica que de 2006 hasta julio de 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 10 mil denuncias de abusos perpetrados por el Ejército, 2 mil de ellas en el gobierno de Peña Nieto.

Dolores Padierna presentó otro voto particular en el que advierte que aprobar esa ley nos coloca en riesgo de contravenir tratados internacionales y, sobre todo, constituye un reconocimiento de la rendición del Estado frente a la crisis de seguridad que tanto dolor ha causado.

La perredista Angélica de la Peña advirtió que no escuchar las preocupaciones de la ONU y la CNDH sobre el riesgo de militarizar la seguridad pública, llevará a que se judicialice esa ley.

Durante el debate fue evidente la división de los panistas. Mientras el presidente de la Comisión de Defensa, Fernando Torres, negó que el procedimiento haya sido atropellado y sostuvo que se escucharon todas las voces y por ello se propusieron los cambios a nueve artículos, Romero Hicks y Laura Angélica Rojas votaron en favor de una moción suspensiva.

Otro panista, Roberto Gil, formuló un largo alegato jurídico en favor de la ley que fue calificado de magistral por el priísta Patricio Martínez, quien pidió aprobar hoy, hoy, hoy, ni un día más esa norma.