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Inmujeres vuelve a hacer complejo un proceso que debe ser ágil

Cambios a mecanismo para la alerta de género obstaculizan su aplicación: ONG
 
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de diciembre de 2017, p. 13

Organizaciones promoventes de alertas de género informaron que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ya ha estado circulando el proyecto que modifica algunos planteamientos de este mecanismo.

Dijeron que no se han reunido con representantes de esta dependencia y únicamente les solicitaron enviar las observaciones.

Leticia Burgos, de la Red Feminista Sonorense, dijo que los cambios no responden a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El Inmujeres, mencionó, vuelve a hacer complejo un proceso que debe de ser pronto, expedito, ágil y muy sencillo para informarse sobre cuál es el estado que guarda un territorio determinado en materia de violencia.

Señaló que se determina un tiempo de dos meses y medio para la declaratoria de la alerta, pero en menos de 10 días ya debería saber la Secretaría de Gobernación cuál es la situación en ciertos estados.

Acusó que la dependencia federal y el Inmujeres quieren seguir partidizando la alerta, porque ese es el asunto, y los gobernadores son los que dan la venia de si se emite o no.

Lamentó que no se haya planteado el tema del presupuesto, pues los gobernadores, con este argumento, han justificado su falta de acción.

A un lado, actuar de instituciones

Amparo Natalia Reyes Andrade, integrante del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, calificó el proyecto como una ruta burocrática sobre los requisitos de la alerta de género, dejando a un lado el actuar de las instituciones.

En el procedimiento, señaló, hace falta que se modifique la definición sobre qué es una situación de feminicidio, en qué momento se puede considerar que un estado requiere una acción urgente y en qué momento se deben reformar las leyes que se precisen.

Además, dijo, cuando la Federación suelta el tema y lo deja en manos de las entidades es cuando nosotros creemos que hace falta reforzar el mecanismo, además de implementar una serie de sanciones administrativas, así como definir el papel que juegan las organizaciones peticionarias, ya que, dijo, en algunos estados son revictimizadas o bloqueadas para continuar con el proceso.