El Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa manifestó preocupación ante la falta de celeridad de las autoridades mexicanas para alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación planteadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Ayer, la CIDH dio a conocer las conclusiones de dicho mecanismo tras su cuarta visita de verificación al país (27 y 28 de noviembre), en las que lamenta que tres años y dos meses después de los hechos, el paradero de los 43 estudiantes continúe siendo desconocido.

La comisión observa que hasta hoy no hay ningún proceso iniciado por el delito de desaparición forzada y que persiste la fragmentación en algunos aspectos de la investigación, destaca el organismo internacional.

La meta de la visita fue continuar la supervisión del cumplimiento de la medida cautelar y de las recomendaciones del GIEI en el avance de la investigación, la búsqueda de los desaparecidos, la atención integral a víctimas y familiares, y las medidas estructurales de no repetición, así como definir el trabajo del mecanismo, al culminar su plan de trabajo presentado en noviembre de 2016. La delegación estuvo integrada por la relatora para México y coordinadora del Mecanismo Especial de Seguimiento, Esmeralda Arosemena de Troitiño; el secretario ejecutivo, Paulo Abrão, y personal técnico de la CIDH.

Al pronunciarse sobre los avances presentados por el Estado mexicano, el organismo interamericano dijo valorar positivamente la aplicación de la tecnología Lidar (dispositivo que permite determinar la distancia desde un emisor láser a un objeto o superficie utilizando un haz pulsado) en la búsqueda de los estudiantes, así como el inicio de rastreos en campo de las áreas marcadas a través del uso de dicha tecnología. También reconoció los esfuerzos para hacer una base de datos de fosas en el estado de Guerrero, "cuya consolidación aún queda pendiente".

En torno a la investigación, reconoció que se hayan recabado en el expediente indicios claros de que existieron varias rutas de desaparición y al menos dos grupos diferentes de estudiantes, tras su detención, lo que impone la profundización de determinadas líneas de investigación.

Valoró también el trabajo realizado en telefonía y balística, que posibilitó concluir la participación de una nueva corporación policial en los hechos. “La CIDH insta al Estado a ubicar a varios actores, cuya detención es fundamental para el esclarecimiento de los hechos, y señala la importancia de consignar policías de diferentes instituciones involucrados.

Según la información recibida, está pendiente por esclarecer cómo nueve teléfonos de los jóvenes que tuvieron actividad tras los hechos pasaron de las manos de los estudiantes a las de quienes los detentaron en último término. Como señaló la CIDH anteriormente, estos hechos, aunados a otros elementos de prueba, corroboran la necesidad de descartar la versión inicial que indicaba que todos los teléfonos habían sido quemados en el basurero de Cocula. Adicionalmente, aún no se define plenamente la identidad de actores claves al momento de los acontecimientos.