Las voces disidentes a la ley de seguridad interior continúan ofreciendo argumentos contra la minuta que se analiza en el Senado. La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México –una red de apoyo que opera en el país europeo para apoyar causas en territorio mexicano– señaló que el contenido del documento contraviene recomendaciones de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Constitución mexicana.

De su lado, organizaciones mexicanas, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Cauce Ciudadano y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, que conforman el colectivo #SeguridadSinGuerra, indicaron que la ley en los términos que plantea la minuta no genera controles para verificar el respeto a los derechos humanos.

El colectivo con sede en Alemania indicó que con la ley referida se pretende legitimar jurídicamente la intervención de las fuerzas armadas en el país, lo que va contra las recomendaciones hechas por la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, referentes a que el Estado debe diseñar una estrategia de salida de esas corporaciones y retirarlas de funciones de seguridad en el interior del país de manera gradual. En lugar de ello se debería, más bien, formar fuerzas de seguridad civiles para combatir el crimen organizado, así como aplicar procedimientos penales eficientes.

Agregó que la intervención de la Marina y el Ejército ha empeorando la situación de los derechos humanos en 26 entidades del país, como lo han documentado organizaciones nacionales e internacionales, delitos que en su mayoría han quedado impunes.

“Según un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado, desde el 2006 las fuerzas armadas intervinieron en siete estados que tenían un alto índice de asesinatos: en seis de estos detonó una posterior ola de violencia. En diez años desde su intervención no ha habido ni una evaluación oficial de los operativos militares y de sus resultados, ni un análisis detallado de las unidades policiales del país. En aquellos estados, donde en los años recientes se nombraron ministros de seguridad pública a miembros de las fuerzas armadas, están situados los 50 distritos más violentos.

En un tercio, aproximadamente, de las 32 entidades, los responsables de la seguridad interior son miembros de las fuerzas castrenses. Y pese a ello, cinco de éstos se consideran los estados más inseguros de México”, enfatizó el colectivo alemán.