La Procuraduría General de la República (PGR) presentó un proyecto de nuevo modelo homologado de justicia, en el que se plantea crear una oficina nacional de política de drogas.

Además, junto con la Fiscalía de Justicia del Estado de México, pretende llevar a la mesa de análisis de la 38 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que se realiza en Valle de Bravo, una iniciativa para la construcción de una ley nacional contra la delincuencia organizada.

Asimismo, el presidente en suplencia de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Alberto Elías Beltrán, dio a conocer que durante los trabajos de las 33 procuradurías y fiscalías se presentará la propuesta del nuevo modelo homologado de procuración de justicia, construido con solvencia técnica y legitimidad política, a fin de convertirlo en un instrumento elemental para transformar el sistema de procuración de justicia, tanto a escala local como federal.

Señaló que esta propuesta de modelo, que ya fue aplicada internamente en la PGR, como piloto, gira en torno a cinco puntos principales: una política criminal de seguridad pública y de justicia penal; un esquema de gobernanza y administración que incluye el liderazgo institucional, así como a áreas operativas, transversales y de soporte; además de un mecanismo de supervisión y estrategia para la operación sustantiva basado en un plan de persecución penal.

Cambios desde la denuncia

También contempla un modelo de investigación y de funcionamiento que abarca los procesos desde la denuncia o querella, hasta la solución de los conflictos; además de otro de operación sustantiva que administre la demanda de servicios de procuración, mediante la política criminal y del plan de persecución penal, así como de funciones transversales de gobierno, supervisión, servicios periciales y de investigación, además de mecanismos alternativos de solución de controversias.

En el contexto de este modelo, dijo, se fortalecerá a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), mediante diferentes acciones como dotarla de mayores facultades y capacidades técnicas para realizar ciberinvestigaciones; crear una oficina nacional de política de drogas, e integrarle un centro académico de formación y desarrollo para que capacite a sus agentes.