Mexicali, BC.

Con el voto de 12 diputados del PAN y uno del PRD (13, de un total de 25), el Congreso local autorizó al gobierno de Francisco Vega de Lamadrid contratar con empresas, bajo el esquema de asociaciones público privadas (APP), la construcción de sen-das plantas desaladoras en Rosarito y San Quintín para dotar de agua potable a las ciudades costeras de esta entidad; la decisión endeuda al estado por 37 años.

Para realizar estas obras, a la empresa Aguas de Rosarito se le pagarán más de 66 mil millones de pesos en 444 mensualidades y 16 mil millones al consorcio integrado por Kenton, Ingenieros Civiles, Libra y la Israelita Real Water, que dotarán de agua al sur de Ensenada, la primera, y Rosarito y Tijuana, la segunda. En caso de que los organismos operadores de agua potable y alcantarillado de ambas localidades no cubran con ese pago mensual, el gobierno estatal les pagará con recursos del impuesto sobre el producto del trabajo (ISPT).

Es una carga impositiva de 83 mil millones de pesos que supera la deuda que dejó el ratero de Javier Duarte: Si (el ex gobernador) dejó una deuda en Veracruz de 33 mil millones de pesos, la de Vega se triplicará, dijo el diputado priísta Bernardo Padilla.

Fue un albazo, dijo uno de los opositores debido a que la convocatoria a una sesión extraordinaria se realizó la medianoche del jueves y el orden del día se dio a conocer hasta que se instaló el pleno a las 9 horas de este viernes.

Una vez que inició la sesión, decenas de agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) blindaron las instalaciones del Congreso para evitar el ingreso de manifestantes de los movimientos de resistencia civil, a excepción de una de sus líderes, que se brincó la barrera de seguridad para reclamar a los diputados en sus curules.

Ante la mirada del subsecretario de Enlace Legislativo del gobierno estatal, Pablo Alejo López, la PEP capturó a un integrante de Mexicali Resiste que pretendió entrar al Congreso para realizar una transmisión en vivo de la sesión.

En cambio, las butacas lucieron llenas por habitantes de colonias populares acarreados del PAN para aplaudir la aprobación del dictamen.

Todavía en pijama, Alejandro Arregui, coordinador de los legisladores priístas, dijo que estaba en favor de buscar formas para resolver la problemática hídrica de la zona Costa, pero que no aprobaría un madruguete por quienes tienen la mayoría en el Congreso; eso representa un robo arbitrario a la democracia y a la sociedad del estado.

Así, votaron en favor del dictamen 13 de los 17 diputados presentes, la mayoría. Sufragaron en contra el panista Miguel Antonio Osuna Millán, los únicos priístas presentes en la sesión, Bernardo Padilla y Alejandro Arregui, así como la petista Claudia Agatón, quienes advirtieron que se está empeñando el futuro de los ciudadanos y se vendió a Baja California.

El voto del diputado Jorge Eugenio Núñez no se contabilizó por llegar segundos después de culminar la votación. Según este legislador, para ser válida esta votación tenían que estar más de dos terceras partes de los integrantes del Congreso.

Arregui arremetió contra los diputados ausentes, entre ellos, los de Morena, por haber lucrado con este tema. En anteriores legislaturas, cuando fue diputado del PRD y luego del PRI Catalino Zavala, coordinador de Morena, desaparecía de la sesión cuando se discutían temas polémicos.

El panista Miguel Antonio Osuna Millán (hermano del ex gobernador José Guadalupe Osuna Millán) advirtió a La Jornada que es innecesaria la desaladora en Rosarito porque el suministro de agua está ga- rantizado hasta 2025; además, se pueden concretar otras fuentes de suministro, incluido toda la capacidad del acueducto Río Colorado-Tijuana, que se encuentra a 85 por ciento de su capacidad.

El ex diputado federal Millán cuestionó a sus correligionarios cómo explicarán en el futuro la forma y las consecuencias de su voto por un dictamen que carece de sustento financiero y jurídico. Si ya fueron advertidos sobre las consecuencias jurídicas, y aun así lo están votando, ya veremos cómo lo tipifican los abogados, expresó.

Convertido en el decreto 57 del Congreso, el dictamen 95 de la Comisión de Hacienda que autoriza la construcción de las plantas desaladoras se votó a finales de diciembre de 2016, cuando, también sin notificar a todas las fuerzas políticas, se pusieron a discusión del pleno nueve contratos bajo la figura de APP, entre ellos las desaladoras.

Técnicamente no se trata de una deuda pública, sino de una carga millonaria para las finanzas públicas de los próximos seis gobiernos, comentó un especialista financiero que advirtió que el problema se centra en comprometer impuestos como garantía de pago.