La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se comprometió con la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (Anuee) a entregar el próximo 4 de diciembre un dictamen sobre un listado de más de 70 mil ciudadanos afectados por cobros excesivos, a los que se les aplicaría el borrón y cuenta nueva a sus deudas. Es decir, que se irían a cartera vencida.

Este compromiso es parte de los acuerdos que logró esta asociación con la empresa el pasado 23 de noviembre; también convinieron que el próximo lunes esta organización ingresará un segundo listado de afectados que se sumarán a la cartera vencida.

Ambos temas fueron tratados ayer en la mesa de trabajo que sostuvieron representantes de la Anuee en la Secretaría de Gobernación, con funcionarios de la misma y de la CFE. Previamente los usuarios realizaron un mitin afuera de la sede de la comisión en Paseo de la Reforma, de donde salieron en marcha a la Secretaría de Gobernación.

En la movilización, la Asamblea demandó que se cumpla la cancelación de los adeudos impagables a la empresa, que padecen miles de usuarios.

Anunciaron que la mesa de negociación podría continuar este viernes y que seguirán las movilizaciones semanales en los centros de trabajo y cobro de la empresa, lo que forma parte de la línea definida por la organización para que este año se resuelva el conflicto con los usuarios.

La asamblea detalló que además de la respuesta final que tendrá que dar la empresa sobre la constitución de la cartera vencida, la Secretaría de Energía aportará los criterios jurídicos que habrán de darle forma a este planteamiento del borrón y cuenta nueva, y como la Procuraduría Federal del Consumidor habrá de emitir lo pertinente para acabar el conflicto, además de revisar las vías para agilizar los procesos legales que los usuarios llevaron ante dicha instancia.

Incluso la SG se comprometió a iniciar las gestiones necesarias para que la Anuee sea recibida en la Cámara de Diputados con el fin de dar seguimiento a la entrega de casi 200 mil firmas y solicitar la elevación a rango constitucional de la energía eléctrica como derecho humano.