Con el propósito de evitar la participación de jóvenes en actos delictivos y en redes del crimen organizado se debe privilegiar la estrategia de prevención y reinserción por encima de cualquier medida punitiva, expresó Sara Irene Herrerías, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República (PGR).

Señaló que las autoridades deben trabajar con la sociedad civil para reconstruir en conjunto el tejido social. A partir de las salidas alternas al juicio que ofrece el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, agregó, la PGR capta a los infractores mediante el proyecto piloto Repensar, que se aplica en la capital del país y será ampliado a otras entidades.

Por medio de ese proyecto se ofrece terapia a jóvenes y les imparten talleres orientados a mejorar su capacidad para solucionar problemas y conflictos, controlar y responder de forma distinta a sus impulsos, y reorientar procesos cognitivos que los hayan llevado a realizar conductas disociales o delictivas.

Explicó que el programa prevé la incorporación de los jóvenes a una plataforma de regularización académica y captación para el empleo, así como el seguimiento y evaluación de los beneficiarios en el mediano y largo plazos.

Durante las mesas de trabajo del primer Foro Internacional de Delincuencia Juvenil, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, los jóvenes hablaron de sus experiencia dentro de los programas de reinserción y cómo del problema, han pasado a ser parte de la solución.

El abogado José Luis Nassar Daw señaló que tiene 30 años visitando reclusorios y todos los días veo una cantidad asombrosa de hacinamiento. No estamos atendiendo las causas.

Señaló que la justicia para adolescentes en este país estaba verdaderamente abandonada en sus conceptos y que el Estado y la sociedad le han fallado a los jóvenes mexicanos que han entrado en conflicto con la ley.

“Les hemos dejado hueco para ello. Cuarenta y siete por ciento de los jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley salieron de sus casas a temprana edad, fueron abandonados por sus padres o huyeron del hogar; 22 por ciento no conoció a su padre y 24 por ciento identifica como la figura más dañina de su desarrollo a su progenitor. Debemos regresar a la base de la sociedad y analizar la constitución de la familia, eso implica educación, deporte y dedicación.

Nassar Daw lamentó la falta de coordinación entre instituciones gubernamentales con integrantes de las asociaciones no gubernamentales que trabajan con grupos vulnerables. Recordó que en junio del año pasado se aprobó la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, se trata de un esfuerzo legislativo que busca asegurar las mejores condiciones para este sector de la población entre los 12 y los 18 años.

La ley les restablece el desarrollo físico, sicológico y social, en un contexto de respeto de los derechos humanos y dando prioridad a que la mayoría de los asuntos de los jóvenes en conflicto con la ley puedan solucionase mediante medidas alternas para evitar el internamiento preventivo, que es verdaderamente la última de las causas.

Además, agregó, determina la medida de sanción correspondiente, disminuye penas, acorta plazos de prescripción, deja claro cuál sería la posición de un mayor de edad que es detenido por una conducta delictiva cuando era menor de edad y define qué autoridades especializadas deben participar para reinsertar a los jóvenes a la sociedad.