México tiene uno de los retos más grandes del mundo en materia de violencia e inseguridad, derivado del involucramiento de instancias públicas, la impunidad y las drogas, afirmó Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Compartir una frontera de 3 mil kilómetros con el principal consumidor de drogas del planeta, Estados Unidos, que concentra entre 40 y 60 por ciento del total mundial, y que algunas de ellas, por decisión de su gobierno, pasen por México, es un reto.

Otro es la posibilidad de que los grupos delictivos del país compren prácticamente cualquier arma en esa frontera, donde existen 9 mil establecimientos, sin dejar de asumir la responsabilidad que tenemos ante grupos de jóvenes cuya única expectativa de ascenso es vincularse a la delincuencia.

Al inaugurar el seminario Mejores prácticas internacionales para la protección, defensa, ejercicio y promoción del derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión, también reconoció que las agresiones sufridas por periodistas y defensores de derechos humanos aumentaron entre marzo y mayo.

Ello ha implicado un desafío para desarrollar nuevas herramientas y mejorar la coordinación del gobierno para garantizar su protección. Hoy hemos sido incapaces de generar la confianza suficiente para que quienes estén en riesgo se acerquen al mecanismo de protección integral, afirmó.

Hasta el momento suman 650 que se han acogido a este mecanismo. Se propuso un protocolo de protección en los estados y se fortaleció la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

Asimismo, dijo confiar en que “muy pronto vamos a tener información concreta sobre los responsables y la detención de quienes están detrás de la muerte de Miroslava Breach y Javier Valdés, corresponsales de La Jornada”.

Un detonador principal de la violencia en nuestro país es la impunidad, y de no romper esas cadenas tampoco se resolverán los problemas, cuando las cifras arrojan una condición de vulnerabilidad que nos obliga a hacer un esfuerzo mayúsculo para garantizar que la protección sea eficaz.

Sobre la Ley de Desaparición Forzada, que entrará en vigor el 16 de enero, dijo que plantea que todos los Ministerios Públicos apliquen sanciones altas para romper las cadenas de la impunidad, y una política pública para crear una comisión nacional de búsqueda federal y por entidad para compartir datos públicos y privados.