Lima. La justicia de Perú ordenó ayer impedir durante ocho meses la salida del país a la ex alcaldesa de Lima y figura de izquierda Susana Villarán, mientras es investigada por lavado de activos y presunto soborno de las brasileñas Odebrecht y OAS. A Villarán se le indaga por supuestamente recibir 3 millones de dólares de Odebrecht y un millón de dólares de OAS con el fin de financiar una campaña en 2013 para impedir su cese en una consulta popular, en momentos en que las constructoras brasileñas mantenían contratos de obras públicas con la municipalidad de la capital peruana. El juez Manuel Chuyo dijo en una audiencia que la restricción de movimiento a Villarán garantizará su presencia en un juicio que pondría por primera vez en la banca de los acusados a una figura de izquierda por un caso de corrupción con firmas brasileñas. La ex funcionaria negó las acusaciones. No soy responsable de los hechos que se me imputan, dijo a periodistas al término de la cita judicial. Estoy absolutamente disponible para colaborar con la justicia y se aclare que son absolutamente falsas las acusaciones, manifestó.