Impone cuota extraordinaria de $30 mil para reforzar inmueble, aún sin dictamen
Pese a estar deshabitado por el sismo, también subió 110% la de mantenimiento
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Lunes 27 de noviembre de 2017, p. 33
Damnificados del edificio 32, ubicado en la calle Rancho San Lorenzo de la unidad habitacional Girasoles III, presentaron una queja ante la Procuraduría Social (Prosoc) en la que advierten que la administración del condominio les exige una cuota extraordinaria de 30 mil pesos para el reforzamiento del inmueble, sin que a la fecha haya presentado el proyecto ni los presupuestos respectivos.
Por si fuera poco el haber tenido que desalojar sus departamentos por los daños que causó el sismo del 19 de septiembre en la citada unidad habitacional, ubicada en la zona de Coapa, delegación Coyoacán, deben lidiar con la administración condominal, que incluso con el edificio deshabitado también subió 110 por ciento las cuotas de mantenimiento, al pasar de 350 a 750 pesos, señala el recurso de inconformidad que presentaron en la Prosoc.
Ante la necesidad de recuperar sus departamentos, algunos vecinos han hecho depósitos a una cuenta bancaria por alrededor de 800 mil pesos y se está presionando para que los condóminos que no han depositado lo hagan, y de negarse se les cobre una penalización mensual de 9 por ciento
, afirman los residentes Guillermina Palacios Suárez, José Sabás Guadalupe Souto Yáñez, Gloria María Pérez González y Roberto Vivanco González en la queja que presentaron ante la Coordinación General de Asuntos Jurídicos de la Prosoc, con fecha 21 de noviembre.
Los quejosos advierten que el señor Luis Larc Lara, como si nos fuera a hacer un favor, se propuso como administrador, pero de inmediato impuso una cuota de 5 mil pesos mensuales, a pesar de que no cuenta con la experiencia ni la capacidad para administrar las cuotas de mantenimiento y extraordinarias solicitadas, aunado a que no tiene la certificación de la Prosoc
.
Ante esta situación y debido a que existen diversas irregularidades, como tácticas golpeadoras y prepotentes por la administración
, y ante la necesidad de recuperar sus viviendas, los vecinos demandan la intervención de los gobiernos central y delegacional, así como de la Procuraduría Social, para que dentro de sus atribuciones procedan, con la finalidad de resolver esa situación.