Con premura, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cerró anoche el polémico capítulo de la elección de Coahuila, al concluir que el priísta Miguel Ángel Riquelme no rebasó los topes de gastos de campaña y declarar la validez de los resultados para entregarle la constancia de mayoría como gobernador del estado.

Los magistrados se anticiparon a los pronósticos y seis días antes de la toma de posesión en Coahuila validaron la llegada de Riquelme a esa posición tras desestimar las decenas de impugnaciones presentadas en su contra por sus opositores, encabezados por el Partido Acción Nacional (PAN).

Antes, seis de siete magistrados eliminaron al ex abanderado gastos por un millón 802 mil pesos, para dejar el monto total en 19 millones 212 mil pesos, o sea, 0.16 por ciento menos que el tope fijado en 19 millones 242 mil pesos.

Hasta que puso punto final a esta elección, el TEPJF mantuvo claras divergencias con el Instituto Nacional Electoral (INE), que determinó que el candidato de la coalición Por un Coahuila Seguro rebasaba 9.2 por ciento los límites de gastos. Por tanto, era factible que se anulara su triunfo, como exigieron hasta ayer su principal opositor, el panista Guillermo Anaya, así como un grupo de personas que mantuvieron un pequeño plantón frente a la sede de la sala superior.

Antes de esta sesión, las erogaciones del priísta ascendían a 21 millones 14 mil 700 pesos, pero con los montos eliminados quedó 30 mil 319 pesos abajo del límite permitido.

Voz disonante

La magistrada presidenta, Janine Otálora Malassis, así como Mónica Soto, José Luis Vargas, Indalfer Infante, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata revocaron varias resoluciones del INE. Sólo Reyes Rodríguez Mondragón fue la voz disonante. De la Mata ni siquiera argumentó sus votaciones.

En su momento, el INE sumó a Riquelme un millón 426 mil 800 pesos por 84 videos colocados en Internet y redes sociales que no fueron reportados. Sin embargo, la ponencia de Vargas redujo el gasto a 34 mil 800 pesos, por sólo dos videos, con el argumento de que sí fueron informados.

El TEPJF también restó al priísta 375 mil 641 de 501 mil pesos sumados por el instituto porque, a diferencia del INE, validó 388 comprobantes de representantes de casilla que decían haber trabajado gratuitamente durante la jornada electoral.

Durante la sesión, Rodríguez Mondragón recibió varias réplicas de sus compañeros e incluso Vargas lo acusó de haberse tomado unas intempestivas vacaciones. Rodríguez respondió que presentó la solicitud con anticipación. Asimismo, Mónica Soto le pidió que no fuera al baño para que escuchara su intervención en contra de la violencia política, para defender que no se sumara dinero de unos desplegados a Riquelme.

Luego se presentó la ponencia, redactada por la magistrada Soto, en colaboración con sus colegas, en la que se negaron todas las denuncias de los opositores al Partido Revolucionario Institucional (PRI), como la entrega de tarjetas rosas, la imparcialidad de consejeros locales, el robo de urnas y la violencia en el estado. Sólo se reconoció que el gobernador Rubén Moreira emitió un pronunciamiento lejano a la neutralidad y se dio vista al Congreso local.

Otálora Malassis habló en nombre de todos –hasta Reyes votó en favor en ese punto– y advirtió que no se aportaron pruebas suficientes para demostrar la existencia de irregularidades graves que pusieran en riesgo el proceso electoral. Advirtió que los magistrados no juzgan a partir de lo que dicen los medios de comunicación ni de presiones en redes sociales, en referencia a unos memes amenazadores contra Soto Fregoso, que la vinculaban al PRI.

Pidió que sus decisiones no se interpreten bajo coordenadas de ganadores o perdedores o que puedan traducirse en términos de izquierda o derecha, conservadores o progresistas. Obedecen a razones del derecho, aseguró al dar el cerrojazo a estos controvertidos comicios.

En tanto, el PAN lamentó la decisión del TEPJF y consideró que es un mal precedente, porque muestra que puede manipularse un proceso electoral, violar la ley y pasar por encima de la voluntad de los ciudadanos sin que existan consecuencias para el responsable.