a calificación de inaceptable que ha hecho el rector Graue de la UNAM así como las declaraciones de los titulares de la Universidad de Guadalajara y de la Anuies respecto de la situación en la que se ha colocado a varias universidades públicas, enfrentan el discurso y la postura gubernamental de que no hay mucho que hacer para ayudarlas. Se habla como si el gobierno simplemente fuera un gestor de recursos ante la Secretaría de Hacienda y no se asume que representa al Estado, que éste ha tomado desde tiempo atrás la responsabilidad de la educación del país, y que no pueden ser indiferentes ante algo que amenaza potencialmente a todas las instituciones del país. Es tan incierto el financiamiento público a las instituciones que en cualquier momento una institución puede verse sin recursos frente a compromisos labores o civiles que por el marco normativo creado por el mismo Estado debió contraer para funcionar. El caso es que en unos días estas instituciones se verán obligadas a dejar de cubrir nóminas y adeudos y esto les generará a las siete que tienen problemas un daño muy importante e igual a sus casi 320 mil estudiantes (sólo contando licenciatura). Tendremos un panorama de profunda incertidumbre, con protestas, paros, conflictos internos profundos y, además, el acoso por parte de los acreedores, incluyendo dependencias gubernamentales como el SAT e Issste. Como ya lo ha tenido que hacer en el pasado una de ellas (Zacatecas), hasta podrían verse obligadas a entregar edificios históricos u otros bienes en compensación por adeudos. Es el de hoy un violento parteaguas de la relación entre el Estado y las universidades públicas y autónomas. Están siendo obligadas a entrar en una etapa sumamente problemática y de una enorme incertidumbre para sus trabajadores y para los estudiantes y sus carreras.

Por otro lado, no es nada casual que las siete instituciones hoy en problemas sean todas universidades públicas, autónomas y estatales. Y tampoco es una crisis pasajera; desde hace décadas hay una política de marginación y abandono del modelo de educación superior autónomo, ese que bien demostró ser capaz de construir el país durante buena parte del siglo XX. En 1992 cuando el secretario Zedillo las declaró inviables se les comenzó a sustituir por el modelo de universidad tecnológica, politécnica, privada o a distancia. Desde los ochenta no existe un programa de expansión y creación de nuevas instituciones autónomas en los estados, pero en contraste en dos décadas se han generado más de 100 nuevas universidades tecnológicas y politécnicas, además de darsele un fuerte impulso a la educación privada. En consecuencia, muchos jóvenes no tienen acceso a la universidad y, obligados, acuden a lo que hay disponible. Y así, mientras en 2000-2017 la matrícula de las universidades tecnológicas y politécnicas creció en 12.6% y 42.5%, respectivamente, en las universidades autónomas estatales y federales sólo avanzó 3.5% y 3.9%.

Un modelo de educación refleja y fortalece un modelo de sociedad. Y en México, las actuales políticas educativas refuerzan activamente la diferenciación social. No sólo con colegiaturas, exámenes de selección y otros obstáculos, sino también con una política de fragmentación de la materia de trabajo de la universidad. En la Universidad conviven la ciencia y la técnica con la política, historia y filosofía, y hasta el gobierno institucional se da a partir de una convergencia de todas las disciplinas (Consejo Universitario), así como en las aulas reúne a los de distintas clases sociales. La creación de varios tipos de instituciones especializadas (ver Anuies-SEP 2000) separa a las humanidades de las ciencia y la tecnología, entrena, no educa, y, además, no recupera la idea de la conducción institucional en manos de los propios universitarios, sino la otorga a funcionarios locales y empresarios. Fragmentación también social: universidades privadas para los de altos ingresos, autónomas para parte de la clase media, tecnológicas para el resto). Se crea un Sistema de Educación Superior aparentemente rico en variedad, pero muy pobre en su interconexión y propuesta de educación de amplio horizonte. Separa disciplinas y clases sociales. Y en esa orientación, la universidad pública autónoma simplemente ya no encaja. Aún las grandes universidades públicas han venido sufriendo recortes, pero ahora ya pasamos al ahorcamiento financiero. Y eso que la matrícula universitaria representa sólo 37.5 % del total (1.5 millones de 4), apenas arriba de la matrícula privada (1.3 millones) (Anuies, 2017). No son sólo los números, detrás está la sustancial reducción del papel de las autónomas como eje central del desarrollo del país. En ellas es donde siguen estando los mejores estudios profesionales (y la población lo sabe), la difusión cultural y el grueso de la investigación pública del país. Y por su trabajo y su historia de independencia, la universidad es la institución primera en confianza social. Con mayor calificación que la Iglesia, la CNDH, y por supuesto que el gobierno y los partidos políticos. https://www.eleconomista.com.mx/politica/ 27 nov. 2016).

No sólo hay que resolver el problema de algunas instituciones, urge cambiar de raíz las actuales políticas educativas a nivel superior que afectan a todas ellas y a millones de estudiantes.

*Rector de la UACM