El sonido de las balas
as balaceras constantes en el camino entre Chenalhó y Chalchihuitán siembran el terror entre la población de Los Altos de Chiapas. Dice don Antonio que desde hace más de 20 años el sonido de las balas llegó para quedarse. Pero la costumbre no quita el miedo. Existe aquí un estado de emergencia, más de mil desplazados por la violencia y cerca de 70 mil afectados por un añejo conflicto limítrofe entre estas comunidades, ocasionado por la ineficiencia de las instituciones del estado y la federación.
El rostro del desplazamiento vuelve a estas tierras en las que hace 20 años ocurrió la masacre de Acteal, cuando fueron asesinados 45 hombres, mujeres y niños de la organización civil Las Abejas. ¿Su delito? Habitar las tierras en las que el Estado sembró el terror paramilitar para combatir a los zapatistas. Hoy son también tzotziles quienes caminan por los veredas y se internan en el monte, mientras los hombres disparan y queman casas y trojes.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) ha emitido una alerta. Se exige al Estado mexicano atender de manera pronta y expedita una situación que está provocando la violencia generalizada. Y puede ser peor. El Frayba tiene información precisa de que las acciones implementadas por funcionarios del gobierno de Manuel Velasco Coello han sido ineficaces y han generado mayor situación de riesgo a la población
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En 1975, explica el Frayba, San Pablo Chalchihuitán obtuvo su reconocimiento y titulación de bienes comunales (RTBC), que se ejecutó en 1980, beneficiando a mil 787 campesinos con 17 mil 948 hectáreas. En la ejecutoria –continúa el reporte del centro de derechos humanos– se entregaron 17 mil 696 hectáreas y en 1981 se entregaron 252 hectáreas más, como complemento a la RTBC. Y se inconformó el municipio vecino de Chenalhó. La falta de sentencia abona al conflicto, pues desde 2005 existe una demanda de juicio vigente en el tribunal unitario agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez.
Desde el 13 de noviembre grupos de hombres encapuchados interceptan los caminos con armas de alto poder, piden cooperaciones para dar el paso, cortaron la carretera y bloquearon todos los accesos a las comunidades del municipio de Chalchihuitán, quedando incomunicada la población.
Son más de 30 comunidades que no tienen abasto, ni frijol ni maíz. Los negocios van cerrando poco a poco. No hay gasolina y existe la amenaza de cortar la energía eléctrica.
Hoy corresponde al Estado garantizar el diálogo y la solución. ¿Qué tiene que pasar para que se pongan en marcha medidas cautelares, para que se proteja a los refugiados, para que se desarme a los grupos que siembran el terror?
