n días recientes se dictaron dos resoluciones que aplazan la posibilidad de una siembra masiva de organismos genéticamente modificados (OGM) en nuestro país. Por una parte, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) revocó el permiso otorgado a Monsanto en junio de 2012 para la liberación al ambiente en etapa comercial de la soya transgénica MON-0432-6, después de que los técnicos de este organismo constatasen la presencia de la planta modificada fuera de los polígonos autorizados, lo que supone un daño grave e irreversible. En otra resolución, el primer tribunal colegiado en materia civil en la Ciudad de México decidió remitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el expediente sobre las medidas que impiden la siembra de maíz transgénico en México, por lo que la suspensión sobre estos granos se mantendrá en tanto el máximo órgano judicial decida acerca de la constitucionalidad de las disposiciones precautorias.

La importancia de estas medidas queda demostrado en el hecho de que, si bien hasta ahora no se comercializa ninguna especie de maíz modificado en nuestro país, un estudio realizado por el Instituto de Ecología y el Centro de Ciencias de la Complejidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encontró que 90 por ciento de las tortillas y 82 por ciento de tostadas, harinas, cereales y botanas elaboradas con este grano contienen secuencias de Adn manipuladas, debido a las importaciones agrícolas desde Estados Unidos. Por sí misma, esta situación da cuenta de los desafíos que supone el manejo de los Ogm, así como de las precauciones extraordinarias que deben desplegarse al legislar y dictar políticas públicas al respecto.

Por otro lado, la comercialización de semillas para su siembra en sitios distintos a los permitidos, por parte de una distribuidora de Monsanto en la península de Yucatán, es un recordatorio de la falta de voluntad de las corporaciones del sector para conducirse en el marco de las leyes y disposiciones vigentes, así como de la opacidad con que estas compañías llevan a cabo sus operaciones, en completa ausencia de información y consulta públicas.

En este sentido, es necesario remarcar que las resoluciones dictadas no se producen en un vacío político, son resultado del trabajo continuo de comunidades indígenas y organizaciones campesinas y ambientalistas que se encuentran movilizadas de manera permanente contra las pretensiones de sustituir las especies nativas por monocultivos basados en el uso intensivo de pesticidas cuya inocuidad no ha sido debidamente probada. Además, como los citados grupos han expuesto de manera reiterada, el monocultivo amenaza la biodiversidad no sólo por la deforestación de la que es directamente responsable, sino por sus efectos destructivos sobre las especies polinizadoras.

Por lo dicho, cabe esperar que la revocación para la siembra comercial de soya transgénica y la suspensión en el caso del maíz no sólo se mantengan, sino que representen el inicio de una política de Estado que priorice la seguridad alimentaria, la conservación del patrimonio agrícola y la protección de la salud por encima de la búsqueda de ganancias corporativas a corto plazo.