La Asamblea Legislativa capitalina aprobó ayer la Ley de sustentabilidad hídrica de la Ciudad de México en sesión que se efectuó a puertas cerradas luego de las protestas de organizaciones de defensa del agua y con la participación de Morena bajo protesta, al considerar ilegítima la presidencia de la mesa directiva y por tratarse de un dictamen viciado de origen.

De entrada se desechó una moción suspensiva de la diputada de Morena, Aleida Alavez, para que el dictamen se devolviera a comisiones y se elaborara otro en sentido negativo al advertir que se trata de materia que no corresponde legislar a la Asamblea, sino al primer Congreso local.

La ley no hace alusión alguna al texto constitucional local, de modo que el gobierno de la ciudad no estaría obligado a considerar su contenido en la definición de las políticas y la elaboración del programa de sustentabilidad y gestión de los servicios hídricos que señala el ordenamiento.

En sus posicionamientos, PRD, PAN y PVEM se centraron en rechazar que sea una ley privatizadora, como han denunciado Morena y organizaciones de defensa del agua. La presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua, la panista Wendy González Urrutia, aseguró que la determinación de convertir al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) en un organismo descentralizado, se debió a su ineficiencia e ineficacia como órgano centralizado y dijo estar dispuesta a renunciar al cargo si se demuestra que el documento define que sus servicios serán privatizados.

Alavez rebatió que aun cuando la ley señala que el servicio no será privatizado, la posibilidad de que el Sacmex pueda suscribir contratos con empresas para subrogar el servicio hasta por 25 años es “abrir la puerta a la privatización. Tampoco los voy a acusar de tontos, si no le van a poner ‘se privatiza el agua’. Ese fue el mismo debate –y cuidado los que se dicen de izquierda– que dimos en la reforma energética”.

Agregó que en la ley se prepondera el valor económico del agua y la posibilidad de hacer negocios por encima del derecho humano al agua y aludió al Túnel Emisor Oriente, que comenzó el gobierno del panista de Felipe Calderón y tendría un costo de 9 mil millones, pero ya llevan 42 mil millones de pesos.

Fuera del recinto legislativo, Elena Caeri Baca León, de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, cuestionó la prisa de la Asamblea para aprobar la ley, que advirtió permitirá al Sacmex determinar las tarifas y aplicar modificaciones en forma extraordinaria; entubar y controlar arroyos y manantiales sin consultar a los pueblos y barrios de los territorios en los que se encuentren.