l próximo año será muy universitario. Se celebrará el octavo centenario de la fundación de la Universidad de Salamanca y el centenario de la Reforma de Córdoba; también se conmemorará el quincuagésimo aniversario del movimiento estudiantil de 1968, que irradió desde Europa a la mitad del planeta y en México, aparte de una marca trágica, dejó consecuencias políticas y educativas de cierto alcance –algunas de gran vigor y por ello aún vigentes.

En lo que podría verse como los prolegómenos de 2018 en torno a la educación superior, sobre todo la que es impartida por las universidades de América Latina, recientemente tuvieron lugar la Segunda Reunión Regional Cono Sur-Brasil, organizada por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (Udual) en Santiago de Chile (su sede fue la Universidad Tecnológica Metropolitana) y varios foros con el tema de la autonomía universitaria tras la aparición del libro La autonomía universitaria en México: de la experiencia nicolaita de 1917 al México del siglo XXI; el más reciente fue en la UNAM bajo los auspicios del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Ese libro documenta un hecho poco difundido: la fundación de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, a iniciativa del gobernador Pascual Ortiz Rubio. Se trata de la primera universidad en el subcontinente que se declara autónoma en octubre de 1917. Conflictos internos y el clima revolucionario y su nueva constitución nublaron ese hecho que ahora se estudia y comunica.

Invitado por la Udual, me tocó participar en el encuentro de Chile sobre el tema de la autonomía universitaria. Potestad axial de la universidad a partir de la reforma de Córdoba, la autonomía es el derecho de la universidad que garantiza la libertad de expresión, de cátedra, de investigación, de compromiso social, así como de cogobierno y régimen administrativo. Entre los acuerdos tomados por los rectores presentes en la reunión destacan aquellos que vinculan el valor de la autonomía a la misión universitaria de transmitir, renovar y crear nuevos conocimientos.

Asumen la perspectiva del centenario de la reforma de Córdoba con la convicción de la vigencia de los valores y el ideario de esta reforma y como un proceso secular de compromiso social y desarrollo científico y cultural de las universidades latinoamericanas.

En su adecuación a los cambios experimentados por nuestras sociedades observan la necesidad de adaptar el papel de la universidad a las nuevas circunstancias creadas por la dinámica internacional y la presencia de las nuevas tecnologías.

Subrayan algo sin lo cual las universidades, sobre todo las públicas, no pueden responder a su compromiso institucional: la provisión de fondos suficientes para atender a la demanda estudiantil, ofrecerle una educación de calidad y ser como instituciones socialmente comprometidas una fuente de cambios dirigidos a la mejoría de la población. No de otra manera se puede mantener el principio de que la educación superior es un derecho social, un bien público y una responsabilidad del Estado. Es preciso ensayar, en este sentido, modelos de retorno que promuevan la equidad social. Y apuntalarlos con la creación de fondos constituidos mediante la aplicación de políticas fiscales que vean por lo que el capital humano formado por las universidades aporta a la riqueza social.

Un aspecto importante acordado por los rectores reunidos por la Udual en la Universidad Tecnológica Metropolitana fue el de llamar a colaborar en la recuperación de la memoria de los procesos de construcción, defensa y despliegue de la autonomía universitaria.

En torno a la autonomía universitaria, la propia Udual tiene en su haber la organización de la reunión que produjo un documento claro y conciso: la Declaración de Guadalajara de septiembre de 2012. En este documento se defienden los valores y prácticas que le han dado su perfil a la universidad latinoamericana, una universidad cuya lucha por la democracia le confiere plena diferencia con las universidades de otras regiones. Se afirma: La Universidad, a partir del ejercicio crítico, reflexivo y dialógico del pensamiento, contribuye a la institucionalidad de una sociedad libre y democrática. Y también, en congruencia con lo que ha sido la propela de las grandes reformas universitarias: El movimiento estudiantil es pilar fundamental de la autonomía universitaria, reconocemos y garantizamos su independencia de funciones, de organización, financiera y de gobierno.

En uno de los puntos de la Declaración de Guadalajara se señala el peligro en que se halla la autonomía universitaria en América Latina. Este peligro no es otro que el consignado en otros puntos: quedar sujetas las universidades a políticas públicas contrarias a la educación para el desarrollo y a manipulaciones presupuestarias de los gobiernos –y, como se ha visto, a la mengua creciente de los fondos para su sustento– a pretexto de la rendición de cuentas, responsabilidad a la cual ninguna a su vez puede sustraerse frente a la comunidad universitaria.

Dos instituciones se comprometieron a potenciar los rectores de la región México de la Udual en Guadalajara: el Espacio Común de la Educación Superior de América Latina y el Caribe y el Observatorio de la Autonomía Universitaria. De hecho no se las ha fortalecido y sí, por el contrario, han cobrado mayor musculatura las condiciones que atentan contra una y otra. No por nada, la Universidad de Chile, según pude ver, se pronuncia por una lucha en favor del fortalecimiento de las universidades estatales.