Durango, Dgo.

A causa de la violencia, principalmente familiar, cada día mueren en promedio 3.6 niños en México, dio a conocer ayer Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

El funcionario explicó que los menores de edad son un sector expuesto a violencia y abuso sexual. Pronosticó que las denuncias irán en aumento porque estos delitos se han visibilizado más.

México, recordó Bucio Mújica, ocupa el primer lugar entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en pornografía infantil. Me parece que esos dos datos ya reflejan una situación de vulnerabilidad muy grande tanto a la violencia sexual como a la violencia familiar, añadió.

Dijo que la violencia familiar empieza con el castigo corporal en casa, que por cuestiones culturales es muy frecuente en el país. Parece que es nimia, y que es incluso educativa, pero incluso puede llevar a la muerte a los niños, agregó.

En su visita a Durango para firmar un convenio estratégico entre el Sipinna y el gobierno del estado para la protección de niños y adolescentes, Bucio Mújica señaló que la violencia familiar es un problema cultural porque los padres asumen que los niños son de su propiedad y que la educación con golpes es mejor.

Existe la creencia de que los niños no son sujetos de derecho; se piensa erróneamente que sólo tienen los derechos que los padres les quieran dar, agregó.

La violencia familiar contra los menores, insistió, no sólo es escandalosa por el número de muertes que produce; también lo es por el ingreso de menores a hospitales a causa de estas agresiones. En algunos municipios rurales, el total de los ingresos a hospitales son de personas de menos de un año hasta 16.

Además, el abuso sexual está normalizado en el país y en algunos estados todavía se permiten las uniones de niñas con hombres adultos.

El embarazo adolescente, afirmó, también es una preocupación para las autoridades porque interrumpe el desarrollo de las niñas. Destacó que en la ciudad de Durango se registra la mayor incidencia de embarazos de adolescentes en la entidad.

Reconoció la necesidad de una intervención multidisciplinaria que incluya mejoras en educación, en la economía de las familias y en el combate a la impunidad para que la procuración de justicia sea efectiva en cualquier lugar del país.

Pidió a las autoridades estatales combatir la normalización del maltrato infantil. Recomendó articular el trabajo de las dependencias federales, estatales y municipales y rencauzar recursos públicos a fin de proteger a niños y niñas.

En el país existen 796 millones de pesos destinados a la niñez y la adolescencia en diferentes programas y dependencias, y el reto es que todas las instancias canalicen los recursos con este fin, concluyó.