En medio de protestas por la intención de la Asamblea Legislativa (ALDF) de aprobar esta semana la ley de reconstrucción para la Ciudad de México sin la participación de los afectados, organizaciones civiles y damnificados convocaron a cerrar el recinto de Donceles y Allende e impedir esa acción.

Los convocantes llamaron a los grupos opositores a esta iniciativa de ley, que busca beneficiar a las inmobiliarias con la construcción de más inmuebles sin los mapas de riesgo y protección civil que los avale, a protestar este martes a partir de las 10 de la mañana afuera de la ALDF.

Por otra parte, el diputado perredista Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno del órgano legislativo, aseguró que la ley de reconstrucción, cuyo dictamen aún se discute, garantizará la construcción y reparación del multifamiliar Tlalpan y las unidades habitacionales Girasoles I, II y III, entre otros edificios, con recursos provenientes del Fondo de Reconstrucción de la Ciudad de México.

La prioridad es atender las necesidades de las familias que resultaron afectadas por el sismo del 19 de septiembre, mediante la construcción de vivienda unifamiliar en Xochimilco, Tláhuac, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Cuajimalpa, entre otras, dijo.

Indicó que el Instituto de Vivienda será pieza clave en el proceso de reconstrucción de la Ciudad de México, por lo que se le dotará de mayores recursos y más facultades.

Por esa razón, insistió, es falso que se busque endeudar a los afectados por el sismo; al contrario, se buscan diversas opciones para atender sus demandas de vivienda.

El fin de semana, cientos de damnificados tomaron las calles de la ciudad para exigir a los gobiernos local y federal destinen recursos públicos para la reconstrucción, reparación y/o rehabilitación de inmuebles dañados, y exigir el retiro de la iniciativa de ley de reconstrucción, ya que significa un jugoso negocio para las inmobiliarias.

Los afectados denunciaron que las acciones del gobierno local no fincan responsabilidades a los constructores de los inmuebles colapsados y/o dañados, cuando en varios de los casos por ellos estamos en la calle, en espera de un dictamen técnico que determine si nuestra vivienda es susceptible de demolición o reconstrucción, y contar con los pocos apoyos ofrecidos por las autoridades.