Después de un año de presupuesto cero para el principal programa social antidelito del gobierno federal, los diputados aprobaron una pequeña partida –300 millones de pesos– para 2018.

Esa cantidad es mínima, considerando todas las metas trazadas en 2013, y significa alrededor de 12 por ciento de lo que tuvo en los primeros cuatro años del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

Los 300 millones de pesos son una partida muy baja y evidencian el carácter policiaco en esas labores, porque el renglón, clasificado como operativos para la prevención y disuasión del delito, contará el año próximo con 27 mil 771 millones de pesos, básicamente ejercidos por la Policía Federal. Ese monto, para operativos, se acerca a la mitad de los 64 mil 288 millones autorizados como presupuesto general para la Secretaría de Gobernación (SG) en 2018.

Igualmente, mientras los subsidios en materia de seguridad pública contarán con 5 mil millones de pesos, la atención y prevención de la violencia contra las mujeres apenas reporta 144.5 millones y el programa de derechos humanos 55.8 millones, por citar algunos casos.

De 2013 a 2016 los recursos destinados a prevención social de la violencia sumaron más de 10 mil millones de pesos, pero en 2017 el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación eliminó de tajo la partida para ese plan, con el argumento de que la tarea era transversal en una decena de dependencias federales.

El Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred), su nombre oficial, adscrito a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de Gobernación, teóricamente es el eje, generador y coordinador de políticas públicas en las colonias más violentas del país.

Desde 2013, urbes como Acapulco, Guerrero, y Ciudad Juárez, Chihuahua, o la delegación Iztapalapa, en la capital del país, fueron centros de atención y prioridad presupuestal de este programa, el cual es coordinado por la Secretaría de Gobernación. Al comienzo se eligieron 57 demarcaciones para una intervención social prioritaria y urgente. Dos años después ya eran 81, incluidos municipios de Guerrero vinculados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Del Pronapred se recuerdan, por su impacto positivo en las comunidades más pobres y violentas, actividades como los coros monumentales y las clínicas deportivas llamadas glorias del deporte, donde un destacado deportista era contratado para enseñar futbol a niños de zonas marginadas. De igual forma, la dotación de lentes a niños de escasos recursos, recuperación de espacios públicos y estudios y acciones para atender a los menores de edad en conflicto con la ley, por mencionar algunos cuyo destino se desconoce. En el caso de los coros, los gobiernos estatales prometieron hacerse cargo de su continuidad.

El apoyo de 300 millones de pesos ocurre cuando el país reporta altos niveles de incidencia delictiva, especialmente en homicidios dolosos. De continuar la tendencia, 2017 sería el año más violento en dos décadas, cuando comenzó el registro de denuncias.

Funcionarios de la SG dijeron que analizarán con todo cuidado el destino de los recursos, aunque desde el año pasado, por la carencia de fondos, enfocaron sus actividades a coordinar acciones con el apoyo principal de universidades, empresarios e instancias de la sociedad civil.