La operación Lava Jato investiga la trama de corrupción en torno a las empresas brasileñas Petrobras y Odebrecht por el pago de sobornos, financiamiento político ilegal y obras inconclusas en 14 países. Este caso fue considerado ayer por expertos como emblemático de la corrupción en el continente americano.

Durante el panel Experiencias comparadas de combate a la corrupción e impunidad: lecciones para México, Juan Jiménez Mayor, representante especial del secretario general del OEA y vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, resaltó la importancia de instaurar mecanismos de delación o cooperación eficaz que permitan avanzar en las investigaciones sobre actos de corrupción.

En tanto, Julio César Arbizu, ex procurador Anticorrupción del Perú, negó que el caso Odebrecht se esté investigando adecuadamente en su país. Marcelo Odebrecht, CEO de la compañía, confesó que la empresa pagó 29 millones de sobornos en el país andino entre 2005 y 2009.

Durante su participación en el panel organizado por la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Universidad Iberoamericana y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Jiménez Mayor se pronunció por avanzar hacia mecanismos alternativos que permitan generar mejores condiciones en los países para enfrentar el fenómeno de la corrupción.

En el caso de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras –que surgió en medio de la indignación ciudadana por un escándalo de corrupción en el Instituto Hondureño del Seguro Social– señaló que el mandato está vinculado a redes de corrupción pública y privada, pero han avanzado en condenas de funcionarios que defraudaron al Estado, por el caso señalado, y estamos mirando hacia otros casos de corrupción, incluido el ex presidente Porfirio Lobo, y en torno al asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.

Darío Ramírez, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, subrayó que el sistema nacional anticorrupción en México cuenta con un presupuesto de 222 millones de pesos para 2018, cuando se estima que la corrupción en el país cuesta 2 por ciento del producto interno bruto (PIB). Es decir, 400 mil millones de pesos anuales. Eso quiere decir que la secretaría técnica encargada de perseguir la corrupción en México trabaja con 0.05 por ciento del PIB para atacar ese fenómeno.