Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a municipios que no invierten debidamente los recursos del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS) se han reducido hasta en 40 por ciento, aseguró Ariel Álvarez Fernández, director general de Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

En el segundo día de trabajos del Seminario de buenas prácticas FAIS 2017, destacó que hoy 82 por ciento de los más de 67 mil millones de pesos con que cuenta el fondo en 2017 se invierten en acciones para mitigar la pobreza, pero hace cuatro años, 70 por ciento de estos recursos se destinaba únicamente a tareas de pavimentación.

Destacó que con la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal en 2014, se emitieron nuevas normas para regular la aplicación del FAIS y garantizar que el gobierno federal coordine los tres órdenes de gobierno. Nosotros emitimos los lineamientos y capacitamos, y es a las entidades y municipios a los que corresponde ejercer los fondos.

Indicó que, tras los sismos del pasado septiembre, que afectaron al menos a 10 entidades, se estableció un acuerdo para que los ediles que ya tenían aprobado un proyecto para determinadas obras de impacto social [...] pudieran reorientar estos fondos, por un monto total, dijo, de 500 millones de pesos para los estados más afectados.

Sin embargo, aclaró que los lineamientos del FAIS no permiten destinar recursos para la construcción de vivienda nueva, sino para acciones de vivienda que incluyen la edificación de un cuarto adicional, pisos, muros y mejoras en saneamiento.

Pese a ello, aseguró que el fondo impactó a poco más de 7 millones de habitantes en el periodo 2016-2017, al permitir que los recursos se destinen a obras de electrificación, comedores comunitarios y drenaje, entre otras acciones.

Sobre los mecanismos para garantizar que los recursos del FAIS no se desvíen para campañas electorales, indicó que con las nuevas normas de aplicación de los recursos establecemos claramente cuál es la población objetivo y que todas las acciones de mejora y obras deben estar canalizada a reducir las condiciones de pobreza entre la población, por lo que cada municipio debe identificar dónde se localiza esta población objetivo y justificar el proyecto que se quiere realizar.